En total, España recibirá cerca de 5.000 millones de euros anuales en ayudas directas al campo, aunque sólo 578 podrán seguir vinculándose a la necesidad de producir, según se baraja.
ASAJA asume que queda aún camino y cuestiones por resolver
El director de relaciones internacionales de ASAJA, Ignacio López García-Asenjo, apunta a Efeagro que el Ministerio comunicaba oficialmente a las organizaciones agrarias sus propuestas en la recta final de la aplicación de las ayudas de la nueva PAC.
Propuesta que podrán matizarse en una reunión del Grupo de Alto Nivel previsto para el 13 de enero, previa a las reuniones del 20 y 21 de ese mes entre Gobierno y comunidades autónomas.
Por tanto, la próxima Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural será crucial para conocer cómo se aplicará la PAC.
García-Asenjo recuerda que alguna región podría pedir incrementos en la partida que se baraja ahora (más de 14 millones anuales) para estos pagos vinculados a la producción y otras podrían querer introducir nuevos sectores, como determinados olivares.
También tendrá que decidirse en esta última fase el número de comarcas agrarias homogéneas a efectos del cálculo de las ayudas (podrían ir de 15 a 25 según se negocia, explica Asaja).
Por matizar queda aún la definición de agricultor activo, aunque "la idea" de Gobierno y sector es "clarificar el panorama" con esta figura para vincularla a la actividad agraria y que quede fuera "quien no deba" cobrar los pagos agrarios, sin que existan grandes transferencias entre productores, sectores o regiones, añade.
COAG sigue sin ver clara la definición de agricultor activo del Ministerio
El director de los servicios técnicos de COAG, José Luis Miguel, recuerda que en la reunión de ayer se repasó el documento de trabajo y las negociaciones entre Gobierno y comunidades autónomas "en la que nosotros (el sector agrario) no estamos".
Sobre las ayudas acopladas, "nadie discute ya" que las recibirán los sectores anteriormente citados aunque "cada comunidad quiere arrimar el ascua a su sardina" e introducir algunos de los suyos.
Según remarca, los remolacheros o los productores de frutos secos ven insuficientes los montantes para mantener la actividad, mientras que COAG también pide que se explore la posibilidad de ayudas acopladas para cultivos protéicos como la alfalfa secada al sol -la deshidratada podría no necesitarla dado su éxito exportador- así como para garbanzos o lentejas para depender menos de importaciones.
En cuanto a "agricultor activo", el Magrama estudia considerar como tales a los productores que tengan un determinado porcentaje de ingresos de la agricultura respecto a los totales de otras actividades -se baraja entre un 25 y un 33 %- incluyendo ayudas.
A COAG le gustaría que se excluyeran las ayudas para el cálculo, para que las reciban quienes facturan por una actividad real.
Y valora que, a partir de ahora, "se exigirá veracidad total" en las declaraciones del titular para acabar con los "artificios" actuales para cobrar las ayudas: por ejemplo, que el perceptor demuestre que está al frente de la gestión de la explotación.
Se trata de acabar con picarescas, como que un perceptor de ayudas acuerde con un agricultor que el primero se quede con las subvenciones y el segundo con el valor de lo producido, y evitar que varios miembros de una misma familia hagan diferentes declaraciones para una misma finca, concluye De Miguel.
UPA insiste en un 15% el porcentaje de pagos acoplados
En la reunión mantenida "con cuadros medios" del Ministerio de Agricultura, "volvimos a sentir que el Gobierno ignora nuestras demandas de apoyar a la agricultura familiar", añaden fuentes de UPA, que recomiendan que, para solucionar este problema, el Magrama y las comunidades deberían poner en marcha un pago redistributivo a las primeras hectáreas, como han hecho otros países.
Por otra parte, "exigimos que el porcentaje de pagos acoplados alcance el máximo que autorizan los reglamentos europeos, un 15%. Sin embargo, desde el Ministerio se apuesta por mantener porcentajes del 11,78%", remarcan las fuentes, que reclaman un techo de ayudas razonable por explotación como "irrenunciable".
"Parece que ni el Ministerio ni las comunidades quieren abordar este tema", según UPA, que añade: "El ministro Cañete sigue apostando por la agricultura de sofá, ignorando a los verdaderos productores de alimentos que crean empleo, dan vida a nuestro mundo rural y cuidan del medio ambiente".