El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 7 el proyecto de ley que establece las normas de gestión y control para la aplicación de la nueva PAC en España para conseguir una aplicación homogénea en todo el territorio nacional. En concreto, España controlará las penalizaciones y sanciones que se den ante el nuevo Plan Estratégico.

El ministro de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la PAC constituye el 20 % de los ingresos de una explotación agrícola y ganadera media en España.

Además, Planas ha subrayado «importantes novedades» como la eliminación de todo el soporte papel, ya que la comunicación será totalmente electrónica, y el desarrollo del sistema de información y explotación agrícola y ganadera, que sobre una tablet o teléfono inteligente permitirá controlar solicitudes, pero también el uso de fitosanitarios, palguicidas, antibióticos en ganadería o de agua.

La nueva PAC, con los planes estratégicos, otorga una mayor subsidiariedad a los Estados miembros, que han tenido que diseñar, sobre la base de su situación y necesidades específicas, sus propias intervenciones que permitan alcanzar las metas que se definan en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

EL GOBIERNO DETERMINARÁ LAS PENALIZACIONES Y SANCIONES DE TODOS LOS INCUMPLIMIENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO

España, según Planas, ha recibido un «notable alto» en su proyecto que remitió en diciembre y que según sus previsiones estará aprobado este verano, si bien en la arquitectura legal de esta programación aún quedan pendiente tramitar 18 reales decretos más, ha detallado.

La mayor subsidiariedad de los países ha originado que determinados aspectos que anteriormente estaban regulados en la reglamentación comunitaria se deban desarrollar ahora mediante normas nacionales.

Como por ejemplo, las penalizaciones y sanciones en el caso de que los beneficiarios no cumplan las condiciones y obligaciones establecidas para el acceso a cada una de las futuras intervenciones del Plan Estratégico Nacional, ha explicado el Departamento de Agricultura en un comunicado.

De cara a garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, es igualmente «necesario» contar con un marco nacional de actuación para aquellos casos en los que pudiera producirse cualquier pago indebido a los beneficiarios y facilitar a la vez la actuación de las administraciones competentes en la lucha contra el fraude.

Con este proyecto de ley también se sigue regulando el uso sostenible de productos fitosanitarios como en el uso prudente de antimicrobianos.

Además, en el marco de las actuaciones para ajustar la normativa a algunas de las reformas introducidas en el Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA) y para dar cumplimiento a los objetivos de la PAC, se regula el régimen sancionador en otras materias agrarias relacionadas con la PAC.

Por ejemplo, en lo relativo a la comercialización de aceite de oliva y sistema de información de los mercados oleícolas, en materia de declaraciones obligatorias y contratación, y de organizaciones y asociaciones de productores del sector de la leche y los productos lácteos.

Por lo que se refiere al ámbito de la conservación de recursos genéticos, se suma la legislación en materia de bienestar animal o la nutrición sostenible de los suelos agrícolas.

El texto aprobado por el Gobierno ya ha sido debatido con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias y cuenta con el informe del Consejo de Estado.

Inicia por tanto ahora su tramitación parlamentaria con el objetivo de que se pueda publicar en el comienzo del año 2023, de tal manera que los agricultores y ganaderos puedan conocer el contenido de la misma antes de presentar su solicitud única de ayudas de la campaña 2023.