Regantes y agricultores entienden que en el momento actual no se dan ninguna de las garantías para un dragado sostenible, por lo que se oponen frontalmente a su licitación y ejecución inmediata, y han advertido en este sentido que los fondos europeos no pueden ser la excusa para dar un cheque en blanco a la Autoridad Portuaria de Sevilla.
En este sentido, han señalado que incluso en el supuesto de que la Autoridad Portuaria presentara un proyecto de protección de las márgenes ajustado en todo a las exigencias de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el problema para el regadío no estaría resuelto, pues todavía quedaría por abordar la cuestión de la salinidad, que afecta no sólo al arroz, sino a toda la Cuenca, y a día de hoy, para resolver esa cuestión, lo único que hay es un proyecto de modernización elaborado por el Ministerio pero sin dotación presupuestaria y plazo de ejecución alguno y sin previsión de que vaya a tenerlo en un futuro próximo.
Se debe salvarguar el arroz y evitar la salinidad
A su juicio, la modernización del arroz "es tan indisociable al dragado como el proyecto de márgenes y ambas licitaciones y ejecuciones de proyecto deben desarrollarse de forma paralela. Dicho de otra forma, sin un presupuesto y un calendario de actuaciones que contemple de forma paralela el dragado, la modernización del arroz y la ejecución del proyecto de márgenes, no hay garantía alguna para la agricultura y el medio ambiente".
Así, la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, señaló que el Gobierno va a asignar los Fondos Feder del próximo ejercicio a obras de depuración y no prevé asignar fondos a la modernización del sector arrocero “por lo que prioriza el proyecto del Dragado”.
Por otro lado, y volviendo al proyecto de márgenes, los representantes de la agricultura y el regadío andaluz han subrayado que la Autoridad Portuaria ni siquiera lo ha presentado aún, por lo que han señalado que no pueden tener ninguna opinión aún sobre si cumple verdaderamente los requisitos de la DIA.
En todo caso, han insistido en que el proyecto debe dar respuesta a la defensa de los márgenes en toda la dimensión de la Cuenca y no sólo en los 7 kilómetros de Doñana, algo que dudan que pueda realizarse con el presupuesto anunciado por la Autoridad Portuaria de Sevilla para este proyecto. Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía, aseguró que el Gobierno “se olvida de los regantes”, y que cualquier obra implica “respetar los derechos preexistentes”, es decir, realizar medidas correctoras para no damnificar a los usuarios afectados. “Si el Dragado se pone en marcha tenemos que oponernos frontalmente, pues no existen estas medidas”, sentenció.
Ven inviable la licitación y ejecución antes de final de año
Por todo ello, han señalado que ven absolutamente inviable la licitación y ejecución de la obra antes de final de año, y han pedido a las administraciones que se tomen el tiempo que se tengan que tomar y actúen con responsabilidad, favoreciendo conjuntamente el futuro y los intereses de todas las partes implicadas: el Puerto, los regantes y agricultores y todos los ciudadanos de localidades con una actividad económica ligada al río.
El alcalde de Isla Mayor, Ángel García Espuny, quien subrayó que el Guadalquivir “lo es todo para Isla Mayor”, recordó que “las directrices de la comisión científica y el informe de la UNESCO son contrarios al Dragado” y que los cambios en el río en el pasado siempre han generado “irreparables pérdidas; por eso, si se hace el Dragado no habrá marcha atrás, nos enfrentaremos a un daño irreparable”. Por su parte, el presidente de la Federación de Arroceros de Sevilla, Juan Cunquerella, mostró su oposición al Dragado “mientras no se garanticen nuestros derechos y nos opondremos hasta las últimas consecuencias”.
En esta dirección, han solicitado a administraciones públicas y partidos políticos que actúen en todo momento en defensa de la legalidad y de los intereses generales. Petición que han formulado también a representantes empresariales y sindicales, para que en efecto sean representantes ecuánimes de todos los intereses comunes de sus asociados, y no sólo de una parte.
Asimismo, han considerado muy poco deseable, la judicialización del proyecto del dragado, y han señalado que iría en perjuicio de todas las partes implicadas, pero han señalado asimismo que sería inevitable si se ejecutase de manera precipitada y sin garantías. En este sentido, han anunciado que ya han encargado algunos primeros estudios jurídicos preliminares para ver las posibles vías de paralización del proyecto, llegado el caso.