EFE.- En declaraciones a Efe, el presidente de la Comunidad de Regantes El Fresno y uno de los portavoces de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Ángel Gorostidi, se ha referido a la propuesta definitiva de la Consejería, que pasa de 9.100 a 9.338 el numero de hectáreas de suelo regable en la zona.

Ha indicado que la propuesta deja «fuera de ordenación en torno a unas 1.200 o 1.300 hectáreas que en la actualidad se están regando y, por tanto, están en producción».

Ello supone, ha incidido, en que «se perderán unas 120 explotaciones y entorno a 6.000 puestos de trabajo», una «auténtica pasada», por lo que, ha vaticinado que la aprobación del Plan, que se estudiará el próximo viernes por el Consejo de Participación de Doñana, «se va a traducir en una infinidad de expedientes judiciales por parte de los damnificados».

Gorostidi ha calificado de «incomprensibles» los criterios adoptados por la Consejería para llevar a cabo la ordenación de esta zona y ha dicho que dentro de la superficie que se queda sin regularizar hay bastantes hectáreas que estaban en explotación antes de 2004, cuando se aprobó el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad).

«En teoría todas ellas deberían de ser reguladas conforme a los criterios de la administración, si bien, por el simple hecho de haber solicitado un cambio de uso, entienden que se reconoce que se trataba de una finca forestal, por lo que se la deja fuera; sin embargo aquellos agricultores que tuvieron la picardía de no solicitarlo se les legaliza», ha indicado.

Además, ha lamentado que otras «no se vayan a legalizar por el hecho de que sobre las mismas hayan recaído expedientes sancionadores que, a lo mejor, afectaban sólo a una parte de la explotación».

Gorostidi se ha mostrado convencido de que el Plan recibirá el próximo viernes el visto bueno del Consejo de Participación, ya que «sólo la Junta de Andalucía tiene en él miembros suficientes para aprobarlo», pero considera que «no satisface a buena parte de los agricultores» por lo que, ha insistido, «será un plan que se recurra en vía judicial».

×