Esta demanda se produce tras conocerse que en la resolución de 18 de abril del consejero de Políticas Sociales, Iñigo Alli, a diferencia de en ejercicios anteriores, se han modificado los criterios de adjudicación, primando la población frente a los proyectos o las necesidades específicas de cada zona, lo que, en su opinión, representa un perjuicio para las zonas rurales.
Es por esto por lo que estas mancomunidades inicialmente, y quizás algunas más, han presentado un recurso en el que solicitan al departamento de Políticas Sociales que modifique la Orden foral y suprima las limitaciones recogidas en ella.
La reclamación hace especial hincapié en el apartado que establece "la concesión máxima de 3 meses de contratación de personas participantes por cada 1.000 habitantes de ámbito territorial de referencia".
De forma subsidiaria y en el caso de que se mantuviera esa limitación, plantean que en el caso de establecer algún límite en las bases de la convocatoria, ése sea "lo suficientemente amplio como para no perjudicar doblemente a las entidades locales con poca población (30 meses por cada mil habitantes)".
Asimismo proponen establecer un techo al incremento de la subvención solicitada del 10% respecto a la solicitud del año anterior, siempre y cuando se justifique esa necesidad.
Los recortes acumulan ya un 70%
Según las mancomunidades, esta modificación de los criterios agrava "todavía más la precaria situación en la que se ha dejado al Empleo Social Protegido tras los sucesivos recortes a los que se le ha sometido en los 3 últimos años".
Estos recortes, según indican, suman un recorte del 70% (de 7,170 millones de euros en 2010 a 2,194 de euros en 2013) y dejan a este recurso con un presupuesto "claramente insuficiente para atender a las necesidades sociales a las que venía dando respuesta".
En la actual situación de crisis social, esta "insuficiencia se ve claramente plasmada al comparar el recorte de su presupuesto que se ha dividido entre cuatro, con el incremento de solicitudes de Renta de Inclusión Social que se han cuadruplicado".
En su recurso, las mancomunidades aluden a una "vulneración de las leyes forales de Servicios Sociales y de Subvenciones".
Y es que, según dicen, el objeto de la convocatoria es "la contratación de personas en situación de exclusión social y con dificultades para el acceso a puestos de trabajo normalizados para que, mediante el acompañamiento social intenso, la formación en habilidades sociolaborales y destrezas profesionales y el desempeño de una actividad de interés colectivo, mejoren sus posibilidades de integración laboral".
Pues bien, en el texto aprobado "se hace saltar por los aires no sólo los objetivos de la ley Foral de Servicios Sociales, sino incluso los de la propia convocatoria, ya que en caso de agotarse las disponibilidades presupuestarias hace tabla rasa con las solicitudes informadas favorablemente atendiendo única y exclusivamente a criterios poblaciones".
Además opinan que ha habido una "vulneración de los principios de buena fe y confianza legítima", ya que a lo largo de los últimos meses desde las entidades locales se han mantenido diferentes contactos con el departamento de Políticas Sociales, en los que, aseguran, "en ningún momento se les ha informado de estos cambios.
Estas entidades han llamado a movilizarse en defensa del Empleo Social protegido en una concentración que tendrá lugar el próximo 27 de mayo a las 10:00 en la calle González Tablas de Pamplona, frente al departamento de Políticas Sociales.