Esta misma semana, el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla publicaba la resolución de la CHG por la que se fijan los cánones y tarifas de utilización de agua para el ejercicio de 2015, pero además, en dicha resolución se establece la cuantía del canon que ya reguló la Junta de Andalucía correspondiente al ejercicio de 2011, pero que no llegó a cobrar, dado que el fallo del Tribunal Constitucional retirándole las competencias sobre el Guadalquivir se dictó en el mes de abril -antes de que pasasen los recibos al cobro- y el Gobierno de España no tomó oficialmente posesión de las competencias de la cuenca hasta el mes de octubre, "lo que agravó todavía más el desgobierno en la administración de la cuenca que ya venían padeciendo los agricultores desde que en 2008 la Junta de Andalucía se hiciera cargo de la misma", según señala ASAJA Sevilla en una nota..
Por eso, la organización cree que "los agricultores han pagado ya con creces las idas y venidas de las competencias, pues en dicho periodo se paralizó la administración de la cuenca, se frenó la tramitación de expedientes, se tomaron decisiones erróneas sobre la gestión de los pantanos que agravaron las salidas de madre del río y de sus afluentes provocando la inundación de fincas agrícolas, cuantiosos daños en infraestructuras y la pérdida de enseres".
ASAJA-Sevilla sostiene, por tanto, que la reclamación ahora del canon de 2011 e"s improcedente y por ello, tras comprobar que la CHG se mantiene en sus trece y publica el canon de hace cuatro años en el boletín oficial de la provincia, ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Económico Administrativo al entender que se aprueba con carácter retroactivo y se fija a posteriori, algo totalmente irregular, dado que el canon debe fijarse y publicarse siempre al inicio de cada ejercicio al objeto de permitir que los agricultores y regantes puedan hacer su previsión de gasto al inicio de la campaña de riego".
Por último, esta organización agraria entiende además que este "no es el mejor momento para buscar una mayor recaudación a costa del campo, que padece el doble impacto del hundimiento del precio de los productos agrícolas en origen y, en paralelo, debe hacer frente a la amortización de la modernización de los regadíos y al incremento del coste de las tarifas eléctricas y del resto de inputs, por lo que el campo andaluz no está para más cánones, y menos aquellos que se intentan aprobar con carácter retroactivo y son por lo tanto improcedentes".