Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha propuesto, en la reunión con la Comisión de gestión de animales muertos en explotación, una mayor implicación de la entidad estatal de seguros agrarios (ENESA) y las integradoras, tanto en la gestión de la retirada de cadáveres de los animales como del coste del seguro, para conseguir unas condicionas más favorables por los ganaderos y lograr un modelo más sostenible con el medio ambiente, que a la vez ofrezca un nivel más alto de bioseguridad.
Según ha presentado Agroseguro, el próximo plan de seguros para la retirada de animales muertos de las explotaciones agrarias verá modificada la tabla de bonificaciones y recargos, en función de los siniestros acontecidos durante las tres últimas campañas. Este criterio puede resultar beneficioso para aquellos que no hayan sufrido ningún contratiempo, pero JARC ha alertado de que hay que especificar las razones de siniestralidad, excluyendo aquellas que no sean responsabilidad del manejo del ganadero sino de causas ajenas a la explotación.
En la reunión, la organización agraria ha pedido, por otro lado, una mayor implicación a las integradoras, como propietarias de los animales, en el sufragio del coste en esta línea de seguro, así como en la financiación de nuevos sistemas de almacenamiento de cadáveres a las granjas.
La entidad siempre ha apostado por sistemas que puedan elevar el nivel de bioseguridad y comporten mejoras a las explotaciones pero, sobre todo, que no añadan un sobrecoste a los ganaderos en la retirada de cadáveres de los animales. Con este objetivo, es necesario lograr un modelo de gestión sostenible con la mayor participación de explotaciones posibles. Este hecho implicaría un menor coste a las gestoras y consecuentemente, produciría una disminución del precio de los seguros.
La organización agraria plantea que ENESA promueva la incorporación de nuevos sistemas de tratamiento de cadáveres, tanto de contenedores refrigerados como de hidrólisis, mediante bonificaciones de las pólizas de seguro, y que las integradoras asuman el coste de la compra y su instalación de los sistemas. De este modo se aumentaría el nivel de bioseguridad de las granjas.