Además, expresó su satisfacción por la voluntad de buscar soluciones a los problemas de regulación de las explotaciones prioritarias y cultivos leñosos, aunque criticó la falta de respuesta a la hora de aplicar lo estipulado en una disposición adicional de la Ley de evaluación ambiental, de diciembre de 2013.
Esta disposición contempla un trasvase anual de hasta 50 hectómetros cúbicos desde el Tajo-Segura al Guadiana, pudiéndose emplear el 75 por ciento de esa dotación para regadío.
Asimismo, los representantes de Asaja demandaron mayores infraestructuras hidráulicas para la provincia de Ciudad Real y expusieron la necesidad de buscar un equilibrio sostenible entre las medidas de protección de acuíferos como el 23 y los usos agrícolas.
La organización agraria aboga por la flexibilidad a la hora de aplicar las leyes, así como una adaptación de las normativas a las necesidades de las explotaciones, que garanticen la viabilidad del sector primario en zonas donde es el principal motor generador de riqueza y empleo.
En este sentido, reiteraron que las administraciones deben facilitar el progreso de la agricultura y no obstaculizar sistemáticamente su desarrollo.