En dicho documento, los ecologistas denuncian el contexto de opacidad que -consideran- envuelve a los transgénicos y exigen los datos técnicos que han llevado al gobierno a rechazar una moratoria legal en la introducción de los OGM.
Las preguntas planteadas también versan acerca de la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones en este ámbito, sobre los planes de seguimiento y control que se realizan a los transgénicos y sobre el etiquetado y la identificación de estos productos.
Asimismo, las entidades ponen de relieve la introducción en España de OGM sin debate público y sin tener en cuenta informes científicos y aseguran que muchos cargos de la administración vinculados a la toma de decisiones sobre transgénicos estaban vinculados a la industria agrotecnológica.