Por este motivo la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha se ha dirigido al Director General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, competente en la materia, para requerir la urgente resolución de los expedientes que cumplan las condiciones, toda vez que los solicitantes han debido planificar sus inversiones y gastos conforme a los tiempos marcados por la normativa y el incumplimiento de dichos plazos por parte de la Administración alteraría significativamente las operaciones en marcha.
Asimismo, la organización agraria resalta que hay que considerar también que la orden reguladora de estas ayudas obliga a acabar los proyectos como máximo 6 meses después de recibir la resolución aprobatoria y que, de retrasarse la misma, algunos de los trabajos que implican dichos proyectos (por ejemplo, plantaciones de frutales o frutos secos) quedarían fuera del calendario adecuado y comprometerían su viabilidad.
Por eso, la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha recuerda ahora que en noviembre pasado se anunciaba por la propia Presidenta, María Dolores de Cospedal, que estas ayudas se resolverían “en las próximas semanas”, y pide por lo tanto a la Consejería de Agricultura que responda con prontitud a dicho compromiso de la Presidenta con el relevo generacional en el sector agrario y la mejora de la competitividad de nuestras explotaciones.