Desde ASAJA se critica que después de haber vendido "como un éxito político" que la nueva PAC contemple una ayuda de hasta 70.000 euros para la primera incorporación de jóvenes al sector, la convocatoria de ayudas de la Junta establece una serie de puntuaciones y prioridades "que determinarán que sean una minoría los que puedan alcanzar esa cifra, que haya jóvenes que no vayan a percibir más de 20.000 euros, y que la mayoría no llegarán a alcanzar los 35.000 que se percibían con la PAC anterior. Un auténtico jarro de agua fría para quienes llevan meses proyectando su incorporación al campo, se han formado en los cursos homologados en esta materia, y estaban esperando una normativa que, sin fecha todavía para publicarse en el BOCYL, ya circula en fase de borrador por todos los despachos".
ASAJA cree que se quiere "beneficiar a determinadas cooperativas"
Para la organización agraria, la consejería de Agricultura pretende "favorecer a determinadas cooperativas y sus socios mediante esta línea de ayudas. Se trata de los socios de las entidades asociativas agroalimentarias de carácter regional, que contempla la Ley Agraria y que están pendientes de su regulación reglamentaria".
Según señala, Agricultura tiene reservada esta calificación para cuatro grandes cooperativas de la Comunidad, de las cuales ninguna de ellas es de León ni tiene implantación representativa en esta provincia. ASAJA considera que no se pueden establecer diferencias en las ayudas para los jóvenes que se incorporan al campo "por el hecho de pertenecer o no a una cooperativa, más cuando la mayoría de ellos no tienen la opción de integrarse en dichas estructuras y cuando no está claro que con carácter general sea la mejor forma de defender sus intereses económicos".
Por eso, ASAJA de León no aceptará, "bajo ningún concepto, que se prime con 20.000 euros adicionales a los jóvenes que se integren en cooperativas que no tienen implantación en la provincia, ya que esto supone una desventaja competitiva y una distribución arbitraria de fondos públicos en el territorio de una misma comunidad autónoma".
ASAJA considera que la convocatoria que al final vea la luz a través del Boletín Oficial, en ningún caso puede suponer para los agricultores y ganaderos unas condiciones de financiación de sus proyectos peores que las contempladas en el anterior Programa de Desarrollo Rural, donde la ayuda a la incorporación de jóvenes suponía 35.000 euros y las inversiones, hasta un volumen determinado, se subvencionaban en un 50 por ciento.
ASAJA de León apoya el modelo cooperativo como declaración de principios, pero cree que "no se puede obligar a los agricultores y ganaderos a integrase en estas estructuras, y máxime en las que funcionan mal y no reportan ningún valor añadido a los socios. Las ayudas al cooperativismo debe de ser específicas, aprovechando diversas líneas que han estado en vigor hasta ahora, en condiciones ligeramente ventajosas a las que tiene la industria agroalimentaria privada, pero en ningún caso se les puede apoyar indirectamente utilizando los fondos destinados a los jóvenes que se incorporan al campo ni el dinero que tiene reservado Bruselas para modernizar las estructuras productivas de los agricultores y los ganaderos".
UCCL quiere mantener las ayudas y no apoya que se obligue a ser cooperativista
Por su parte, UCCL está en contra de las modificaciones propuestas por la Consejería de Agricultura y Ganadería y ha presentado alegaciones al borrador de orden que regula la concesión de ayudas a la incorporación de jóvenes y a la mejora de estructuras., al considerar que de publicarse el borrador "significaría una bajada de las ayudas a inversiones en explotaciones agrarias y en la primera instalación de jóvenes".
En la propuesta remitida las ayudas a inversiones en explotaciones agrarias parten de un 15% mínimo y alcanzarían en el mejor de los casos un porcentaje de ayuda del 35% de las inversiones objeto de ayuda frente al 40% anterior (el 50% en zonas desfavorecidas). Solamente los jóvenes que se instalan en la actividad o que se han instalado en los cinco años anteriores a la solicitud de la ayuda a inversiones en explotaciones agrarias pueden superar el 50%, pero sin llegar a los niveles de ayuda del período 2007-2013. No hay que olvidar que la última convocatoria específica a inversiones en planes de mejora fue el año 2011.
Por eso, UCCL ha reclamado un incremento del porcentaje de ayuda mínimo al 35%, y que los incrementos fueran graduales en un 5%, sin crear situaciones con diferencias mayores al 10 o el 15 por cien entre distintos beneficiarios.
En el caso de ayudas a la primera instalación de jóvenes la prima base bajaría a 10.000 euros, desde los 31.000 que han estado vigentes en la convocatoria 2007-2013. Los incrementos establecidos en el borrador sobre la cuantía básica, pueden llegar a crear agravios comparativos entre explotaciones agrarias.
En mayor medida, incluso por encima de la prima base, se pretende primar la pertenencia a las denominadas Entidades Agroalimentaria Prioritaria de Carácter Regional, cuya figura está pendiente de regular en aplicación de la Ley Agraria de Castilla y León.
La suma de los incrementos previstos, en muy contados casos llegarán a los tan anunciados 70.000 euros de ayuda, y de no modificarse su cuantía quedarán bastante lejos de esta cifra.
Por ello UCCL ha reclamado que la cuantía mínima de la ayuda de incorporación esté en 30.000 euros, y los incrementos previstos se hagan en tramos 5.000 o 10.000 euros, y en todo caso nunca más importe que la cuantía base de la ayuda.
El acceso a las ayudas se hará aplicando criterios de selección tanto en las inversiones en explotaciones agrarias como en la instalación de jóvenes agricultores. En cada convocatoria se fijarán los puntos necesarios para poder acceder a las ayudas.
UCCL reclama que no se apliquen aquellos criterios de selección a los cuales no tengan acceso la totalidad de los agricultores y ganaderos de todo el territorio de Castilla y León.
Finalmente, destaca que "no se puede aceptar la intención de ampliar a cuatro años el periodo de justificación de las ayudas. Un plazo tan elevado llevaría al cobro definitivo de las ayudas en unos plazos demasiado largos, y condicionaría la viabilidad de las explotaciones, precisamente, cuando han hecho un esfuerzo inversor que en muchos casos será muy superior a la inversión subvencionable. Entendemos que son suficientes los plazos actuales de 14 o 22 meses para acreditar el cumplimiento de los compromisos, y contemplar prórrogas en los casos de circunstancias sobrevenidas no controladas por el agricultor o ganadero".