La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia ha recibido con estupor la decisión de la Comisión de Explotación del ATS de negar un trasvase para regadío en el mes de noviembre y reclama a la Ministra Teresa Ribera que ordene la revisión de los argumentos técnicos esgrimidos para ello antes de proceder a la publicación de semejante atropello en el B.O.E.
El Ministerio para la Transición Ecológica afirma que “las lluvias producidas están teniendo consecuencias importantes en la zona del Campo de Cartagena, afectando de manera significativa a las infraestructuras del postrasvase, que son las que permiten la regulación, transporte y distribución final del agua a las diferentes áreas regables receptoras”. UPA afirma, sin embargo, que los daños producidos por las últimas lluvias e inundaciones no han afectado a la capacidad operativa del postrasvase en la zona regable del Campo de Cartagena, hasta el punto de que ayer mismo funcionaba con normalidad.
UPA duda que resulte sostenible el argumento técnico esgrimido para negar la autorización de trasvasar agua para regadío
UPA añade que, «aún en la hipótesis de que el Ministerio para la Transición Ecológica pretenda ahora, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, realizar obras extraordinarias y urgentes no previstas con anterioridad que pudieran comprometer la operatividad del postrasvase en el Campo de Cartagena (lo que ya es mucho suponer), ello no impediría en modo alguno recibir agua al resto de Comunidades de Regantes, que representan aproximadamente el 75% de la superficie regable del Trasvase». Al respecto UPA se pregunta: ¿Acaso la supuesta dificultad para distribuir agua por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena es argumento válido para privar de agua al resto?
UPA duda por tanto que resulte sostenible el argumento técnico esgrimido (necesidad de realización de obras) para negar un trasvase de agua para regadío ya que por otra parte, si fuera necesario, dicha autorización es perfectamente compatible con regular los caudales que se autorizara trasvasar en las distintas infraestructuras existentes, asegurando de esta forma su disponibilidad para los regantes y sus cultivos. Cabe recordar que, conforme a las reglas de explotación vigentes, las autorizaciones de trasvase se realizan conforme a las existencias en el sistema Entrepeñas-Buendía a principios de cada mes, por lo que lo que no se autorice trasvasar en un determinado mes ya no es recuperable.
UPA quiere recordar por otra parte que las últimas decisiones adoptadas por la Comisión de Explotación del ATS, aconsejando trasvasar el máximo permitido en nivel 3, aún existiendo menores reservas en el sistema Entrepeñas-Buendía, «convierten en aún más sorprende e incoherente el acuerdo adoptado de no trasvasar agua para regadío en el mes de noviembre, cuando las existencias están creciendo, situándose a 1 de noviembre en 566,8 Hm3 como el propio Ministerio reconoce y estando a día de hoy próximas al umbral del nivel 2».
Cabe destacar asimismo, dado que los caudales ahora negados «serían irrecuperables, que esta decisión provoca una disminución de caudales disponibles por los agricultores que se acumularía a las limitaciones que ya imponen las propias reglas de explotación del trasvase, poniendo en riesgo de esta forma disponer de las dotaciones mínimas necesarias para sacar adelante los cultivos».
Todo ello conduce a UPA a reclamar a la Ministra para la Transición Ecológica que, en aras al rigor y la garantía de preservar los derechos de los regantes, exija a la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura la urgente revisión de los datos e informes que han conducido a la, a juicio de UPA, sorprendente, injusta e injustificable decisión de negar un trasvase para regadío, evitando de esta forma un perjuicio innecesario a los agricultores dependientes del Trasvase».
UPA, por último, avanza su disposición para llevar a cabo de manera conjunta con el SCRATS, las Comunidades de Regantes y el resto de organizaciones agrarias cuantas iniciativas y actuaciones sean consensuadas para la defensa de los derechos de los regantes.