Asaja Granada ha lamentado que la declaración para la protección del Parque Natural de la Sagra no cuenta con el consenso social, además de lamentar que implicaría la limitación de uso de la actividad agroganadera y la forma de vida de los habitantes del territorio afectado, unas 46.000 has localizadas en los términos municipales de Huéscar y la Puebla de don Fadrique.
Dicho territorio es Zona Especial de Conservación (ZEC) desde el año 2015 y forma parte de la Red Natura 2000, por lo que el nivel de protección ya es suficientemente alto, y, además, la motivación de esta declaración, con el fin de establecer una regulación que reduzca las presiones y amenazas de la zona que“cada vez se está poniendo más en boga por montañistas y turismo de montaña”, según dice la propia Administración autonómica, choca frontalmente con la postura de los dos ayuntamientos, que pretenden crear una marca que sea revulsivo para el desarrollo agroalimentario y turístico.
La Junta de Andalucía ha abierto un plazo para la consulta pública del proyecto de Decreto por el que se pretende aprobar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de La Sagra, que es el inicio de la tramitación de la declaración de Parque Natural de esta zona septentrional de la provincia de Granada que ocupa 46.000 has de gran singularidad geológica y hábitats de interés comunitario, repartidas entre los municipios de Huéscar y la Puebla de don Fadrique, dejando apenas quince días hábiles, hasta el 18 de noviembre, para que se pronuncien los propietarios y agentes sociales del territorio afectado (a través de un buzón de correo electrónico) sobre los objetivos de la norma, precisamente quienes más dificultades van a encontrar para el ejercicio de su actividad agroganadera y mantenimiento del modo de vida rural si finalmente aquella se aprueba y con quienes para nada se ha contado a pesar de ocupar la propiedad privada un 75%.
Desde Asaja Granada se insiste en que «los agricultores y ganaderos que ejercen su actividad dentro de los parques naturales no están precisamente contentos con la gestión de la Administración autonómica de estos espacios, porque las restricciones impuestas para ejercer su actividad suponen una completa expropiación de uso sin la compensación socioeconómica adecuada, y no va a ser menos en el caso de La Sagra. Solo se están congratulando los ayuntamientos de Huéscar y la Puebla de don Fadrique, porque dicen que les aportará una marca que contribuirá al desarrollo del sector turístico y agroalimentario, lo que choca frontalmente con los argumentos que esgrime la propia Administración autonómica que cree necesario aumentar el régimen de protección del territorio para “reducir las presiones y amenazas de la zona” que “cada vez se está poniendo más en boga por montañistas y turismo de montaña”[1] y podría acarrear la “afección a sus valores naturales”. Bendita coherencia.
Aja Granada considera que la sierra de La Sagra ya dispone de un nivel de protección muy alto como ZEPA e integrante de la Red Natura que salvaguarda los elementos más singulares de su paisaje y sus valores naturales, y, por ello, considera que «no es necesaria la ampliación con la figura del Parque Natural, y que para limitar la presión que ejercen «los montañistas» y el «turismo de montaña» sobre la zona pueden establecerse otros medios menos restrictivos que la limitación de uso a los agricultores y ganaderos para ejercer su actividad agroganadera en el medio rural, porque viven en él, lo conocen y lo cuidan».
[1] https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/normativa/consultaprevia/detalle/229608.html