La propuesta de extensión de norma propuesta por la Interprofesional Citrícola Española (Intercitrus) al Ministerio de Agricultura con aportación económica obligatoria de 1,2 €/tonelada comercializada para financiar campañas de promoción, I+D, defensa fitosanitaria y mejora de la imagen del sector durante los próximos cinco años ha provocado el rechazo de ASAJA Andalicía que considera que «es desequilibrada, está mal enfocada y debe replantearse» al estar enfocada con un carácter más regional que nacional.
La medida busca recaudar aproximadamente 5 millones de euros anuales, complementados con fondos europeos (hasta un 80%) y se concreta mediante un periodo de consulta pública en el que han participado varias organizaciones, incluida ASAJA-Andalucía.
Desde ASAJA-Sevilla, primera provincia citrícola andaluza y primera productora de naranjas de España, su presidenta, María Morales, lamenta la “oportunidad perdida” que supone la propuesta de extensión de norma planteada por Intercitrus puesto que “se encara sin el enfoque adecuado, es parcial y desequilibrada, carece de transparencia y planificación, especialmente en lo relativo a promoción, y contempla duplicidades en la financiación”.
Así lo recoge el documento de alegaciones presentado por ASAJA-Andalucía ante la Dirección General de Alimentación del Ministerio de Agricultura. En este documento, la organización agraria pide que se replantee la propuesta de Intercitrus, «que debe diseñarse con criterios científicos y técnicos sólidos, debe garantizar la participación equitativa de todas las comunidades productoras, debe priorizar la promoción del consumo y la defensa de los citricultores frente a prácticas comerciales abusivas y tiene que asegurar la transparencia en la gestión de fondos y el beneficio directo para el conjunto del sector», según señala en una nota de prensa.
Respecto a la propuesta de Intercitrus, las meticulosas alegaciones de ASAJA-Andalucía ponen de manifiesto que el Plan de Vigilancia Fitosanitaria Citrícola propuesto por la interprofesional «es totalmente innecesario, duplica esfuerzos y gastos, pues las comunidades de Valencia, Andalucía y Murcia ya tienen redes avanzadas de vigilancia con técnicos, estaciones meteorológicas y medidas extraordinarias frente a plagas».
En lo que respecto al plan de I+D de Intercitrus, está centrado en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), dejando fuera a centros públicos de otras comunidades con amplia experiencia, como IFAPA (Andalucía), IMIDA (Murcia), IRTA (Cataluña) o ICIA (Canarias). ASAJA considera que esta exclusión rompe el principio de cooperación territorial y limita la representatividad científica.
“LA PROPUESTA DE INTERCITRUS NO RESPONDE AL INTERÉS GENERAL DEL SECTOR CITRÍCOLA ESPAÑOL Y DEBE REPLANTEARSE EN PROFUNDIDAD SI QUIERE TENER LEGITIMIDAD Y EFICACIA”
Además ven que «es obsoleto y redundante, parte de una visión sesgada de las prioridades de investigación, no atiende a problemas del sur peninsular como el estrés hídrico o plagas específicas y vuelve a caer en el riesgo de concentración de fondos en un solo centro y en la duplicidad con programas ya financiados por fondos europeos (FEDER, Plan Estatal de Investigación, etc.)».
La propuesta para financiar una Guía GIP de cítricos elaborada por el IVIA, pese a que ya existe una guía oficial nacional publicada por el Ministerio en 2023 «es innecesaria, ilegal (porque la extensión de norma debe tener alcance nacional, no autonómico) y contraproducente, ya que duplicaría esfuerzos y podría generar contradicciones normativas».
Y en cuanto a la promoción y mejora de imagen del sector, el asunto mollar y el objetivo fundamental de cualquier Interprofesional agroalimentaria, lamentan que la propuesta de Intercitrus «es tremendamente vaga e indefinida, ni siquiera sabe qué presupuesto pretende destinar a esta cuestión (hablan de entre un 55 y un 75% del presupuesto para campañas de promoción de cítricos), no detalla actuaciones concretas, se justifica con retórica pero no se explican mecanismos de seguimiento ni criterios de impacto y no aporta un plan de comunicación estructurado, pese a que la promoción es la función esencial de una interprofesional».
Tal como concluye María Morales, “la propuesta de Intercitrus no responde al interés general del sector citrícola español. No se le pueden detraer fondos a los productores para malgastarlos. Por lo que esta propuesta debe replantearse en profundidad si quiere tener legitimidad y eficacia”.