Julián Morcillo ha explicado que con el nuevo Plan “relegan el uso agrario del agua, dando prioridad a otros usos industriales a la hora de acceder al derecho de agua”. “Y lo que más nos preocupa es que sea solo en el Alto Guadiana y no en el resto de la cuenca, mucho nos tememos que esté pensado para atender de forma preferente proyectos de frácking”, ha insistido.
De igual forma recalca que "esta decisión a futuro se adopta para una zona con un problema histórico que el Gobierno se había comprometido a solucionar. A diferencia de otras regiones donde se ha garantizado el agua con dotaciones suficientes para la agricultura; en el Alto Guadiana, una vez más aumentarán las restricciones para los pequeños regantes".
Según la organización agraria, “es necesaria una solución para los más de 2.000 agricultores profesionales que están esperando desde 2008 la regularización de sus pozos”. “Pero no solo se van a ver perjudicados los agricultores que esperan regularizar sus pozos, sino que además van a sufrir nuevas limitaciones de agua los regantes legales”.
Por último, desde UPA lamentan que la única salida que la CHG ofrece a los agricultores sea la compra-venta de derechos de agua, insistiendo en que los recursos disponibles ya están asignados.