Por otra parte, según afirma esta organización en un comunicado, esta propuesta "supondría en la práctica un recorte de los fondos destinados al sector agrario, ya que las políticas de desarrollo rural son cofinanciadas, por lo que se perderían las aportaciones estatal y autonómica".
Así, resaltan que, en Andalucía, los retrasos en los pagos para primera instalación y modernización de explotaciones han frenado la creciente tendencia a la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria (112% de incremento medio del número de solicitudes en aquellas comunidades autónomas que abrieron convocatoria en 2012), como una salida laboral en un contexto de fuerte crisis económica.
Por ello, creen que "estos retrasos han de corregirse, pero no pueden ser un argumento, como tampoco puede serlo el de “ahorrar gastos” para las comunidades autónomas en el actual contexto de crisis. La cofinanciación no puede ser concebida como un gasto, sino como una inversión, y Andalucía no puede consentir que se recorte la única vía que le permite hacer política propia, para apostar de forma prioritaria por los profesionales y promover la modernización de explotaciones, el relevo generacional, el fomento de los productos de calidad, la sostenibilidad de las producciones, etc.,".
Esta organización agraria recuerda que la política de desarrollo rural es la principal herramienta con la que cuentan las regiones para potenciar los sectores productivos y asegurar el futuro sostenible de las explotaciones. Por ello creen que "reducir sus fondos implicaría recortar el apoyo a los profesionales que quieren incorporarse y que son los garantes del futuro del sector, cuando en momentos como el actual, y especialmente en Andalucía (con más de un 67% de paro juvenil), el objetivo principal de cualquier política debe ser el mantenimiento y potenciación de los sectores productivos y la generación de empleo".
Por último recuerda que "actualmente, nuestra comunidad autónoma recibe alrededor de un 25% del presupuesto estatal para desarrollo rural (FEADER), según criterios objetivos de reparto relacionados con la importancia del sector. Sería la región que más perdería, por tanto, sin garantías de que los fondos trasvasados retornaran al territorio y al modelo social y profesional predominante en Andalucía y que para COAG debe ser prioritario".