El Pais.- La guerra del agua, con las diferentes operadoras enfrentadas por las dos privatizaciones adjudicadas el pasado mes de noviembre, ha superado las fronteras de la Administración. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), las asambleas de barrio surgidas del movimiento 15-M y las entidades ecologistas que integran la plataforma Aigua és Vida están decididas a iniciar una campaña de desobediencia civil basada en el impago de las facturas del agua, similar a la que hace una década siguieron 80.000 familias catalanas y que obligó a la Generalitat a tomar medidas tras haber incluido en los recibos una nueva tasa de saneamiento.
La iniciativa ha tomado fuerza tras ser debatida en diferentes reuniones y las entidades prevén darle el espaldarazo definitivo durante el primer trimestre del próximo año. El resultado de las negociaciones debe desembocar en la creación de una plataforma unitaria que encauce la fórmula legal para blindar la protesta, que arrancaría en la capital catalana.
Los activistas buscan resquicios legales para basar su campaña
El enojo entre las entidades implicadas proviene de una acumulación de hechos recientes que culminó el pasado martes con la aprobación, por parte del pleno del Área Metropolitana de Barcelona, de la mayor subida de la tarifa conocida hasta ahora en Barcelona. Gracias a los votos de CiU y del PSC a partir del primer día de 2013 ésta se encarecerá un 18,22% en 23 municipios en los que opera Agbar. Ese incremento se verá complementado por el alza de los ingresos obtenidos por la Agencia Catalana del Agua (ACA) mediante el canon del agua.
“Estamos recabando información y a principios de año convocaremos a todas las federaciones para iniciar una línea de trabajo que nos permita conocer qué elementos son los que nos pueden llevar a la insumisión”, explica el vicepresidente de la FAVB, Jordi Giró. La idea inicial es que los hogares dejen de pagar la parte del recibo que se refiere al agua consumida y sí desembolsen el resto, correspondiente a los tributos que gravan el saneamiento, además del IVA.
Aigua és Vida critica la adjudicación sin concurso a AMB
Las personas implicadas en el proceso culpan del incremento del precio del agua a las ineficiencias que generarán las dos grandes privatizaciones aprobadas por la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona. Desde su punto de vista, ceder la gestión a operadores privados únicamente conllevará tener que asumir un coste adicional: el de los beneficios que persigue cualquier compañía. Ese malestar ya se trasladó el pasado viernes al consejo de administración de la ACA.
La plataforma teme que la espiral alcista siga el próximo año
Las entidades temen, además, que la espiral alcista en la que se encuentran las tarifas del agua prosiga el próximo año. Acciona, que se adjudicó la gestión durante 50 años de Aguas Ter-Llobregat, tiene margen para incrementar la tarifa del agua al alza en un 13,5% (más el IPC) durante los próximos tres años. No quiere decir ello que los recibos suban en ese porcentaje, pero sí parcialmente.
La nueva sociedad AMB —nacida del acuerdo entre Agbar y el Área Metropolitana de Barcelona que suministrará agua en 23 municipios— ha alertado a las asociaciones vecinales y ecologistas. Denuncian la adjudicación arbitraria a una sola compañía, la cesión de infraestructuras que se han pagado con dinero público y que, afirman, se regularice el contrato de concesión del agua de Agbar en esos municipios, cuya existencia niega una sentencia judicial. La compañía lleva más de un siglo suministrando el agua a los hogares de Barcelona, ciudad en la que daría comienzo la protesta.
La plataforma Enginyeria sense Fronteres considera que esa falta de concesión inicial y la posterior adjudicación sin concurso a AMB (Agbar controla el 85% de su capital) puede ser la base del argumento legal para dejar de pagar el consumo. Eloi Badia, miembro de la plataforma y también de Aigua és Vida, señala que “la ausencia de contrato es nuestra gran fuerza y si se demuestra que no es un proceso válido [la constitución de la nueva sociedad] la campaña tomará mucha fuerza”. Giró es partidario de, en el caso de privatizar, repartir el negocio de los 23 municipios en diferentes compañías para forzar su competencia y presionar a la baja los precios, “como ha pasado con las compañías telefónicas”.
Los promotores estudian plasmar la propuesta de insumisión destripando la factura trimestral del agua. Los recibos incluyen tres impuestos: el alcantarillado, el canon del agua y el IVA. El resto responde a la cuota del servicio que ofrece el operador y el propio consumo. Ese último apartado incluye los gastos de captación, su potabilización y los controles sanitarios. La empresa Aguas Ter-Llobregat, que capta el agua de las cuencas hidrográficas, es la principal suministradora en Cataluña. Desde los ríos la transporta a los depósitos municipales, donde los suministradores de boca de agua como Agbar, Aqualia u otras compañías privadas y públicas captan que necesitan. Justo antes de su privatización, en verano, la Generalitat aprobó una subida del agua que ofrece en un 70%. Pero ese incremento no se ha llevado directamente a las facturas porque los suministradores metropolitanos beben de otras fuentes: pozos y acuíferos municipales, mas baratos, y en casos extremos de la desaladora del Llobregat. Su agua es mucho más cara por los altos costes energéticos.