EFE.- Quintana recordó ayer que se destinan unos 162 millones de euros a prevención y extinción, con un operativo integrado por 5.767 personas, 59 más que el año pasado, que se completa con personal del Ministerio, Ejército y Fuerzas de Seguridad del estado, hasta superar los 7.000 efectivos.
También hizo especial referencia a la localización de 79 parroquias de alta actividad incendiaria, que contarán con una especial vigilancia sobre las causas y otras medidas respecto a las ayudas de la administración o la prohibición de pastoreo en los siguientes dos años, como recoge -insistió- la ley de incendios de 2007, cuando gobernaban PSdeG y BNG.
Este aspecto fue especialmente criticado por el portavoz socialista, Pablo García, que acusó a la responsable de Medio Rural de «culpabilizar» a los ganaderos, incluso aunque se demuestre que no son los causantes del fuego.
Para García, la presentación del plan de 2014 no aporta novedad alguna y constituye para la Consellería un «mero trámite», sin planificación ni diagnóstico, como el solsticio de verano, que llega todos los años aunque no se haga nada.
Antón Sánchez, de AGE, centró su intervención en la necesidad de abordar los problemas estructurales derivados del envejecimiento y despoblación del rural, abandono de la actividad agraria y del modelo integrado agrario-forestal, la ordenación del territorio o la reforestación de tierras agrarias.
El portavoz criticó la situación de un departamento que con un presupuesto de 400 millones destina 96 a la extinción de incendios y reclamó la vuelta a un modelo «público y profesional» del dispositivo de lucha contra los fuegos en el monte.
Por su parte, la representante del BNG Tareixa Paz rechazó que se estén cumpliendo los objetivos de superficie total quemada por incendio, superficie arbolada afectada o número de incendios de mayor nivel de riesgo, que, dijo, habían aumentado desde la llegada del PP y el cambio del modelo anterior.
Paz criticó que cada año los resultados sean peores y que el Gobierno no constate el error y profundice cada vez más en él, por lo que lo tildó de «irresponsable e incendiario».
Estos datos fueron a su vez negados por el portavoz del PPdeG José Manuel Balseiro, quien comparó las cifras de la actual administración con las del período del bipartito y señaló que la superficie quemada se había reducido en un 52 por ciento, la arbolada en un 76,6 por ciento y el número de fuegos en un 20,6 por ciento.
Balseiro coincidió con la Conselleira en que el gallego es el modelo más efectivo de España.
Quintana, en su réplica, apuntó que la Xunta podía haber fijado unos objetivos menos ambiciosos y cumplirlos todos, pero resaltó que sí se cumplen los de reducir la superficie total sobre la media de los últimos 10 años, como el número de incendios, o aumentar el porcentaje de incendios menores de 1 hectárea, que se ha situado en el 75 por ciento.
Negó las acusaciones del portavoz socialista de que la Xunta busca culpables y los ha encontrado en los ganaderos, insistió en que el Pladiga recoge la prohibición de pastoreo que viene en la ley de 2007 y subrayó que el dispositivo es público, profesional y con mando único.
También informó de que el primero de julio estarán cubiertas en el dispositivo el 100 por cien de las plazas de técnicos, el 98 % de agentes y el 96 % de laborales dependientes de la Xunta.
En cuanto a las parroquias de alta actividad incendiaria dijo que la vigilancia será «especial» en ellas porque «algo raro pasa», pero agregó que no será solo sobre las explotaciones ganaderas, sino también sobre la industria o la minería y el conjunto de actividades en estas zonas.
Concluyó que el Gobierno gallego actúa frente a los incendios forestales con la máxima «claridad y transparencia».