EFE.- La Fiscalía entiende que la condena del principal acusado, el capitán del buque, Apostolos Mangouras, es la única alternativa para conseguir que la naviera y la aseguradora del “Prestige”, Mare Shipping y London P&I Club, respectivamente, hagan frente a la totalidad de la póliza de 1.000 millones de dólares que tienen suscrita, y apuesta para ello por la aplicación del Código Penal español. Mare Shipping ya ha dejado claro que no tiene intención de abonar más allá de los 22 millones de euros que se vio obligada a depositar en el juzgado de Corcubión, que instruyó a causa, poco después del accidente y reivindica su derecho a acogerse al Convenio de Responsabilidad Civil (CRC) por derrame de hidrocarburos de 1992. Esta norma, a la que España está suscrita, limita la responsabilidad de las navieras en el accidente en base a las toneladas de arqueo bruto del petrolero en caso de que se demuestre que su actuación no fue negligente. Para evitar tener que hacer frente a sus responsabilidades en caso de una sentencia que condene al capitán, la aseguradora y la naviera iniciaron a principios de año un arbitraje para delimitar las responsabilidades civiles ante la decisión del tribunal, al que España no se sometió. España rechazó este arbitraje al considerar que un Estado soberano no tiene por qué someterse a un proceso que lidera una jurisdicción extranjera y alegó que se estaba celebrando en su territorio el juicio, el escenario “legítimo” para delimitar las responsabilidades por la catástrofe medioambiental. A partir de ahí, los daños deberían ser compensados desde el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC), cuyo límite para este accidente es del 151 millones de los que ya ha abonado unos 120. Así las cosas, el Estado español deberá emprender otro proceso judicial en caso de que la aseguradora sea condenada para lograr la ejecución de la sentencia o tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial, que se presenta como la alternativa más viable. Además, conviene tener presente que el celebrado en A Coruña es el segundo juicio emprendido por España por la catástrofe del “Prestige” tras el que tuvo lugar en Estados Unidos contra American Bureau of Shipping (ABS), la clasificadora que certificó que el petrolero estaba en condiciones de navegar. Este proceso resultó un varapalo para España, ya que el pasado año el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York rechazó definitivamente la demanda interpuesta por el Gobierno español, que reclamaba una indemnización de 800 millones de euros, contra ABS al considerar que no había pruebas para responsabilizar a la clasificadora del siniestro. Pero para desenredar este embrollo judicial habrá que esperar a que el tribunal que preside el magistrado, Juan Luis Pía, dicte sentencia en noviembre. Así lo ha anunciado hoy el propio Pía después de dejar esta tarde visto para sentencia el juicio y de declarar a los periodistas que además de los tres acusados -además de Mangouras, el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el exdirector general de la Marina Mercante, Jose Luis López Sors- hay más implicados en la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España. Aunque ha eludido concretar, ha citado a los “responsables políticos” y a personas del entorno del barco. La que sí ha dado ciertas pistas esta mañana de quién o quiénes son los que podrían tener que haberse sentado en el banquillo de los acusados ha sido Consuelo Castro, la letrada que defiende a López Sors, quien tras argumentar durante casi cuatro horas la inocencia de su patrocinado, ha señalado que, además, “no se fue de cacería”. Se refería, sin duda, el exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos, jefe directo de López Sors durante le gestión de la crisis y al que muchos colectivos ciudadanos personados como acusaciones particulares en el juicio responsabilizan de las decisiones adoptadas y de convertir un accidente en una catástrofe.
