EFE.- La intrincada red de normas internacionales permite a operadoras de buques como la del vetusto Prestige (Universal Maritime) escabullirse sin problemas de sus obligaciones legales.
Pese a los muchos desastres que han precedido al vertido ante las costas gallegas (2002), el derecho internacional aún es incapaz de trazar unas reglas de juego eficaces que terminen con la navegación de estos buques en condiciones lamentables y temerarias.
Después de diez años de instrucción penal por uno de los desastres medioambientales más graves en Europa, la sensación es de impunidad, sorpresa e indignación.
Ecologistas y partidos como el BNG, PSOE e IU han arremetido contra la resolución judicial.
El presidente del tribunal que ha juzgado la catástrofe del Prestige, Juan Luis Pía, ha afirmado hoy durante la lectura de la sentencia que no existe responsabilidad penal de ninguno de los tres acusados y que el accidente se produjo por un fallo estructural cuyo origen "nadie puede precisar".
En opinión del profesor de la Universidad del País Vasco y abogado experto en derecho ambiental, Xabier Ezeizabarrena, la sentencia da lugar a muchas lecturas.
La primera que el medio ambiente queda huérfano de tutela y, la segunda, el fracaso de la estrategia procesal del Gobierno (en relación al capitán y al jefe de máquinas). El artículo 45 de la Constitución establece el derecho de los españoles a gozar de un medio ambiente adecuado y a aplicar el principio de "quien contamina paga".
Finalmente, solo la aseguradora deberá desembolsar 22 millones de euros, frente a los casi 5.000 millones solicitados por la Fiscalía.
El Prestige desencadenó la mayor respuesta solidaria de la sociedad española frente a una catástrofe medioambiental, con miles de voluntarios de todo el país que se trasladaron a Galicia para ayudar a limpiar a mano el crudo de la costa afectada.
En cuanto a la madeja internacional de normativas, solo hay que recordar que el tribunal de A Coruña ha tenido que contactar con veinte países.
En opinión del experto José Luis García Vara, responsable del programa marino de WWF, las compañías de transporte de hidrocarburos se mueven con facilidad entre estos entresijos por lo que es necesario una gobernanza o "buen gobierno del mar".
El 50 % del mar no es propiedad de nadie, en consecuencia no está bajo la legislación de ningún país.
La Convención del Mar de Ginebra es, además, muy laxa en cuanto al tráfico marítimo y alude de forma muy tangencial a la protección de los mares.
En definitiva, las empresas que operan estos viejos mercantes no están margen de la ley, pero la regulación les permite burlarse o zafarse con facilidad.
Tanto el derecho europeo como el estadounidense han avanzado en las últimas décadas y se han adoptado nuevos elementos de seguridad en la navegación marítima, sin embargo hoy por hoy nadie es capaz de garantizar que un nuevo Prestige pueda ocurrir y sus responsables escaquearse.