Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha presentado una querella penal contra la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha por un presunto delito de información privilegiada respecto a la nueva ayuda a la agricultura ecológica tipificado en el artículo 285 del código penal.

El consejero de Agricultura, «presuntamente abusando de su posición de poder, ha facilitado la nueva orden de convocatoria de ayudas a la agricultura ecológica a cierta entidad privada antes de que salga publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Lo hace sin facilitar ese conocimiento a los agricultores y ganaderos ecológicos, actuación que está tipificada por el código penal como información privilegiada», denuncia la organización agraria.

La entidad privada, «que reconoce haber recibido la información de la convocatoria» según la Unión de Uniones, es una empresa encargada de auditar y certificar a los agricultores la práctica de la agricultura ecológica. «El conocimiento de la información privilegiada previo a su publicación es una ventaja competitiva desleal, la permite realizar maniobras de posicionamiento en el mercado con ventaja sobre los campesinos y sobre otras empresas auditoras», denuncian desde la organización.

Además, detallan que «la empresa que ha recibido la información privilegiada puede comunicar a sus clientes los requisitos que son necesarios cumplir antes de que salga la convocatoria lo que hace que los agricultores clientes de dicha empresa estén en ventaja competitiva desleal frente al resto de los agricultores, máxime si tenemos en cuenta que más del 58% de los agricultores ecológicos actuales se quedarán sin ayuda».

CONSIDERAN QUE FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO «DEBE SER CESADO DE INMEDIATO POR SU INEPTITUD»

Ante esta situación, desde Unión de Uniones se preguntan «¿Por qué el Consejero presuntamente ha facilitado la información privilegiada de la ayuda a la agricultura ecológica? ¿Qué busca con dar información privilegiada? Esa información la conoce por razón del cargo o puesto de trabajo que ocupa dentro del Gobierno Regional cuando todavía no se ha hecho pública. Hay que recordar que están en juego unos 12 millones de euros a repartir entre las empresas auditoras y unos 160 millones para los agricultores ecológicos, dinero que se llevarán aquellos que tengan la información privilegiada».

Por otra parte, lamentan que el plazo de solicitud de la PAC esté abierto sin que se haya publicado la orden de convocatoria de la agricultura ecológica, lo que perjudica a los interesados pues realizan la solicitud a ciegas sin conocer las nuevas condiciones y baremos.

Por todo esto, consideran, que al margen de la querella penal, que Francisco Martínez Arroyo «debe ser cesado de inmediato por su ineptitud al no publicar la orden de ecológica con tiempo suficiente para que los interesados puedan hacer la solicitud de forma correcta y tengan conocimiento de sí los resulta viable e interesante acogerse a esta línea. También es motivo de cese el poner en conocimiento de empresas privadas la orden con carácter previo a la información que tengan agricultores y ganaderos».

Finalmente, Unión de Campesinos de CLM espera que, tras la querella penal, la justicia «actúe de inmediato y castigue el presunto uso de la información privilegiada por parte del Consejero, el Viceconsejero y la Directora General de Políticas Agroambientales de tal modo que estos hechos no se vuelvan a repetir».