El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha defendido un pago redistributivo por hectárea dentro de la Política Agraria Común (PAC) y un techo por explotación que, como ha asegurado, se va a aplicar en Castilla-La Mancha «pese a quien pese», cuando la propuesta de la CE es ampliar precisamente esa cantidad.
Así lo ha manifestado Martínez Arroyo durante su intervención en el debate general sobre el futuro de la PAC que, a propuesta del grupo socialista, se ha celebrado este jueves 22 en las Cortes regionales, que han aprobado la propuesta de resolución del PSOE de instar al Ejecutivo autonómico a seguir defendiendo una Política Agraria Común que apueste por los agricultores profesionales, los jóvenes y la limitación de ayudas a grandes explotaciones para dar prioridad a pequeñas y medianas.
Defiende «definir bien lo que es un agricultor genuino», ya que «los recursos tienen que ir a los que se juegan su dinero en la agricultura»
Por contra, han rechazado la propuesta del PP que, entre otras cosas, solicitaba que las ayudas autorizadas en ambos pilares de la PAC sean pagadas en tiempo y forma por las administraciones.
El consejero ha afirmado que los profesionales de la región son «los que menos cobran por hectárea» y ha afeado al PP que no tenga interés en que haya un techo por explotación porque, a su juicio, los agricultores a los que defienden los ‘populares’ «son aquellos que cobran más 100.000 euros por hectárea de ayudas públicas».
«Lo que tiene que hacer un servidor público, un gobierno, es utilizar de manera eficiente los recursos», ha señalado Martínez Arroyo, quien se ha mostrado «muy satisfecho» con la propuesta que ha hecho la Unión Europea en este sentido y ha dicho que va a permitir ahorrar aproximadamente 45 millones de euros.
«Queremos que se aplique en toda Europa de forma obligatoria este techo por explotación y, si no es así, que se aplique en España de forma obligatoria y, si no es así, se aplicará en Castilla-La Mancha, de forma obligatoria, pese a quien pese», ha aseverado.
Ha afirmado que la convergencia de ayudas le parece «de sentido común» y ha coincidido con Podemos en la necesidad de «definir bien lo que es un agricultor genuino», ya que «los recursos tienen que ir a los que se juegan su dinero en la agricultura».
Además, ha recriminado al PP que haya basado su intervención en que el Gobierno regional no ha pagado las ayudas destinadas los profesionales del sector primario, al tiempo que ha hecho hincapié en que «no se debe un céntimo» de la convocatoria para la incorporación de los jóvenes a la agricultura ni a la mejora de explotaciones, dado que los 71 millones de euros que, según el PP, «no se han pagado», se van a abonar «cuando ellos ejecuten las inversiones», ha apuntado el consejero.
También ha destacado que el Ejecutivo autonómico ha elaborado un «documento de posición común» sobre la PAC con el que coinciden las principales organizaciones agrarias, Asaja, UPA, Coag y Cooperativas Agroalimentarias, y en el que han participado las mujeres rurales.
Martínez Arroyo ha asegurado estar «bastante satisfecho» con este trabajo y se ha mostrado «convencido» de que «va a tener su reflejo» en el documento final que salga de Bruselas y ha defendido «que no haya recortes» y que el presupuesto de la PAC para el periodo 2021-2027 «se quede, al menos, como hasta ahora».
El PP se quedó solo oponiéndose a esta medida
Sin embargo, la parlamentaria del PP Lola Merino ha criticado que el Gobierno regional ha ido a Bruselas «con una posición que no quieren las organizaciones agrarias en España» y ha abogado por que, si hay una modulación de las ayudas, ésta se produzca «en todos los estados miembros de la Unión Europea» porque «no podemos generar rentas diferentes».
Por su parte, el diputado del PSOE Emilio Sáez ha subrayado que el documento de posición elaborado por el Ejecutivo autonómico con un techo por explotación es «esencial» y ha resaltado el «esfuerzo ímprobo» que se ha realizado para ser la primera región en realizar el anticipo de la Política Agraria Común.
También el portavoz del grupo Podemos, David Llorente, ha apostado por una PAC que sirva para impulsar «un modelo de desarrollo justo y sostenible del medio rural» y ha explicado que en Castilla-La Mancha solo un 1,1 por ciento de los beneficiarios perciben más de 60.000 euros y el 0,4 por ciento más de 100.000, por lo que «sería una pequeña minoría la que se vería afectada por esa modulación y, a cambio, se incrementarían notablemente las ayudas a quienes más lo necesitan, es decir, la inmensa mayoría».