La Asociación Española de Comercio Exterior de Cereales y Productos Análogos (AECEC) ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones su preocupación por el conflicto laboral existente en el Puerto de Tarragona, que dura ya más de cuatro meses, “echamos en falta más interés por parte de las Administraciones, tanto nacionales como autonómicas, para que se solucione este gran problema, es imprescindible que se decrete la situación de emergencia en el sector y que se activen los mecanismos necesarios para recuperar de manera inmediata la normalidad”, afirman desde la AECEC, que recuerdan que no solo provoca unas pérdidas de 12 millones de euros y puede haber un desabastecimiento en algunas CCAA de materias primas, sino que está afectando al flujo de llegada del cereal ucraniano.

Este conflicto se inició a raíz de la liberalización de la estiba portuaria, por mandato de la UE, “y ya hemos llegado a un límite crítico en el abastecimiento de materias primas para la fabricación de piensos en las zonas de Cataluña y Aragón”.

La huelga de los estibadores, provocada por la liberalización de la UE, se ha materializado en una rebaja del ritmo de descarga que ha disminuido dramáticamente hasta llegar a menos del 10% del ritmo normal, provocando pérdidas acumuladas de más de 12 millones de euros al sistema: Puerto de Tarragona, importadores, empresas de estiba, transportistas, fábricas de pienso, productores de carne y consumidores.

Ante esta situación, los asociados a AECEC y todos los operadores del sistema están extremadamente preocupados por la posibilidad de rotura de stocks en harina de soja y maíz, por los altos costes de penuria que la huelga ocasiona y por los problemas de bienestar animal que puedan surgir en caso de rotura de stocks.

Según la AECEC, “no tiene sentido que un colectivo que no llega a los 130 estibadores tenga como rehén al sistema para oponerse al mandato de la UE de liberalización de la estiba”.

Además, puntualiza que “la liberación de la estiba mantiene los sueldos y derechos de los estibadores; de hecho los ingresos per cápita/año de los estibadores pueden llegar a los 100.000 euros, en algunos casos, por encima de esta cantidad”.

LAS CONSECUENCIAS DE LA HUELGA AFECTA AL FLUJO DE LLEGADA DEL CEREAL UCRANIANO

La huelga ha afectado negativamente al suministro de maíz, harina de soja y otros ingredientes destinados a la alimentación humana y animal, y las consecuencias más directas están siendo:

• El sistema –consumidores, granjas, fabricantes de piensos, harineros, importadores, mataderos, exportadores de carne- ha tenido un sobrecoste de 12 millones de euros.
• Más de 600.000 toneladas de mercancía que se iban a descargar en el puerto de Tarragona, se han desviado a otros puertos con el incremento de costes y dificultades logísticas que supone suministrar mercancía desde otros puertos a Cataluña y Aragón.
• Existe un peligro claro de desabastecimiento a Cataluña y Aragón. El momento es dramático por el período estacional de mayor consumo de pienso y necesidad de producto desde el puerto de Tarragona.
• Las existencias de materias primas, en especial las de harina de soja, están en mínimos.  La producción de harina de soja en Cataluña está a su vez en mínimos debido a los altos costes de la energía y a paradas por razones técnicas y económicas de las molturadoras.
• Incremento de la inflación, ya que la subida de materias primas aumenta el coste de producir carne y pone en peligro la competitividad en mercados exteriores.
• Entorpece la importación y el flujo de llegada del cereal ucraniano, ahora que se ha abierto el corredor que permite la llegada de buques desde Ucrania, son los estibadores de Tarragona quienes están haciendo imposible este flujo.

A su vez, una cosecha nacional muy corta, un mal estado de los pastos y la sequía persistente ha agravado el problema de seguridad alimentaria de las granjas. No hay alternativa de abastecimiento al puerto de Tarragona ni a la harina de soja, ni al maíz en Cataluña y Aragón.

Desde la AECEC se espera que se realicen las investigaciones necesarias para determinar “las responsabilidades económicas y de otros tipos en las que puedan estar incurriendo los estibadores por la huelga encubierta y, por consiguiente, que se abran los expedientes por parte de la Administración con competencias en materia laboral para sancionar los bajos rendimientos y, ante la situación de facto de huelga, adoptar las resoluciones necesarias para garantizar los servicios mínimos”.