EFE.- El PSOE, en una nota, ha recordado que la normativa básica para el reparto de la ayuda a la primera instalación de jóvenes agricultores profesionales de la Unión Europea (UE) es «amplia, minuciosa y muy exigente».
Sus datos indican que obliga a «duros» controles antes y después de la concesión de la ayuda, con lo que es «imposible que alguien hoy diga que es agricultor y cobre 50.000 euros de ayuda a la primera instalación y dentro de tres años sea otra cosa, bombero o arquitecto, por ejemplo».
Ha señalado que, para evitar estos fraudes, las inspecciones y auditorías de la UE obligan al órgano gestor de la ayuda, en este caso, a la Consejería de Agricultura de La Rioja, a realizar una serie de comprobaciones a posteriori.
Además, Bruselas obliga a elaborar unos expedientes de reintegro de la ayuda, con intereses y sanción, en el caso de incumplimiento de alguno de los requisitos de la ayuda, según el PSOE, que ha pedido información sobre todos estos datos en el Parlamento de La Rioja.
También se ha referido a que, según el consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, en la partida de primera instalación se han dado 301 ayudas en 7 años, con una media de 43 jóvenes al año, a razón de 46.000 euros la ayuda media; y uno de cada tres beneficiarios son viticultores.
«Lo que quiere decir que salen unos 14 viticultores beneficiados cada año con esa ayuda onerosa», ha añadido el PSOE, que ha recordado que estas ayudas europeas se dan en concurrencia competitiva.
A ello ha sumado que hay más de 2.000 explotaciones vitícolas de agricultores profesionales a punto de jubilarse, que, por lo tanto, precisan de la ayuda al relevo generacional y no recibirán esa ayuda a la primera instalación.
El PSOE ha dicho que está muy preocupado y «seguirá investigando hasta el final», ya que las noticias referidas a que la ayuda puede llegar a personas que no son agricultores profesionales suponen una «burla» a los que sí los son y se les deniegan «una y otra vez ayudas tan importantes como esta».
También suponen, para los socialistas, un «desprecio» a la Ley y al objetivo que la UE se marca para que estas ayudas lleguen especialmente a «las familias de los agricultores que realmente lo son y lo necesitan».