EFE.- El grupo socialista en el Senado ha registrado una moción para su debate en el Pleno en la que solicita «el resarcimiento económico íntegro de todas las administraciones y de los particulares», y que el ministerio de Medio Ambiente, apruebe «el plan estatal de la ribera del mar y lucha contra la contaminación».

El senador y portavoz del PSOE en medio ambiente, Miguel Fidalgo, reclama -informa el grupo socialista en un comunicado- que se prosiga «en la acción internacional y en la UE para impulsar planes de acción eficaces para evitar catástrofes ambientales», así como «en la persecución de sus autores».

La senadora por Galicia Paula Fernández Pena ha lamentado que «después de 266.650 folios de sumario, 63.000 toneladas de chapapote y 14.000 afectados», en la sentencia del Prestige, «el mayor delito medioambiental que ha sufrido España», no figuren responsables.

Los socialistas pedirán que el Ministerio de Fomento elabore planes para «acoger a los buques en situación de riesgo» y que revise la dotación económica «tanto de recursos humanos como materiales» del Plan de servicios especiales de salvamento de la vida humana en la mar y de la lucha contra la contaminación del medio marino 2010-2018.

También han señalado que esperan que no se produzcan «procesos privatizadores en la gestión de la seguridad marítima».

La moción solicita además al Gobierno que impulse las medidas previstas en la ley de protección del medio marino para «garantizar la participación de las comunidades autónomas en la elaboración de estrategias marinas, en la medida en que afecte a sus competencias».

El senador Ricardo Varela ha solicitado «soluciones definitivas» para el fuel que aún continúa en el pecio, así como «para una posible ruptura del casco y posterior vertido» y ha apelado a «la recuperación medioambiental y económica de los elementos contaminados» que continúan almacenados.

Por su parte, la senadora Ángeles Marra ha recalcado que reclamarán «un seguimiento en la salud de las personas que participaron en la recogida del chapapote» y que se apliquen todas las medidas legislativas que terminen con la impunidad en cumplimiento del principio de «quien contamina, paga».

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