EFE.- En rueda de prensa, el parlamentario andaluz y portavoz en la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Miguel Castellano, ha alertado de que, en la provincia de Granada, la subida de las tarifas eléctricas puede provocar el abandono de más de 8.000 explotaciones agrarias por falta de rentabilidad.
Castellano ha explicado que la modificación, el pasado agosto, de los peajes de acceso a las tarifas eléctricas estableció dos tipos de pagos: uno por potencia, que es permanente, y otro variable por la energía que suponen linealmente un incremento de hasta 125 %.
Eso obligará a los regadíos, ha explicado, a pagar ahora un recibo «mucho más elevado», que hace que disminuya la productividad de las explotaciones agrarias al aumentar los coste por el pago de la energía.
Castellano ha criticado además que la modificación tarifaria que se está aplicando se produzca cuando se han suprimido las bonificaciones que tenían los agricultores en el pago de la electricidad, que es fundamental para bombear el agua.
El parlamentario socialista ha señalado que los regadíos suponen en extensión el 30 % de las explotaciones andaluzas, pero representan el 60 % del volumen de la producción, sobre todo en productos hortícolas, que son los que generan más empleo en el campo.
El incremento del coste energético incide en más de 3.000 comunidades de regantes en Andalucía (600 de ellas en Granada), según Castellano, quien ha señalado que la subida de tarifas afecta a miles de explotaciones agrarias en la provincia de Granada, donde en los últimos años se ha potenciado que se pongan en regadío más hectáreas -en concreto 10.000 nuevas hectáreas con una inversión de más de 43 millones de euros-.
El PSOE ha advertido de que el aumento del gasto en consumo energético, que
Ha advertido de que la pérdida de rentabilidad derivada del aumento del gasto del consumo energético puede provocar que se abandonen en Andalucía más de 50.000 explotaciones por falta de rentabilidad, con la consecuente pérdida de «miles de empleos».
Castellano ha criticado la «insensibilidad» del Gobierno con el sector agrícola.