EFE. – Todos los grupos han decidido en bloque aceptar el texto remitido por el Congreso de los Diputados, por lo que dejarán para su debate en el Pleno de la próxima semana las distintas enmiendas (24) presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP) -17-, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i Unió (CiU) -5- y Entesa Catalana de Progres -2-.
Así lo manifestaron los portavoces Esmeralda Iranzo (Grupo Socialista), José Cruz Pérez Lapazarán (GPP), Joan María Roig i Grau (CiU), José Manuel Pérez Bouza (Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, GPSN) y Josep María Batlle (Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, GPECP), en una Comisión, de trámite y ausencia de debate, que apenas duró unos minutos.
Algunas formaciones, como PSOE y Entesa Catalana de Progrés, han constatado en la Comisión falta de tiempo para analizar todas las enmiendas presentadas que, según fuentes de los grupos políticos, sólo modificarán en aspectos menores el texto original remitido por el Congreso, que alcanzó un alto grado de consenso político y social.
Las fuentes confían así en una aprobación sin dificultades para el Proyecto de Ley en el próximo Pleno después de ser refrendada por la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca celebrada hoy -la última que se celebrará en esta legislatura- y, por tanto, agote ya el proceso legislativo sin tener que volver al Congreso.
Entre lo más destacado de la jornada de hoy, el senador Pérez Bouza (Bloque Nacionalista Gallego, BNG) ha subrayado "el sumo interés" que despierta la futura ley, que calificó como una de las más importantes de la presente legislatura, aunque tildó de "chapuza" la actitud de algunos grupos mayoritarios en sus enmiendas de última hora.
El Senado cerrará la próxima semana el recorrido parlamentario de la futura Ley, que ya obtuvo a finales de julio la aprobación del Congreso de los Diputados, al salir adelante entonces con el apoyo de todos los grupos parlamentarios (336 votos a favor y una abstención).
La nueva ley permitirá a las mujeres rurales, que trabajaban en explotaciones agrarias y ganaderas cuya propiedad recaía en sus maridos, obtener el reconocimiento como cotitulares de campos y granjas, cotizar a la Seguridad Social y obtener por ello prestaciones o acceder a financiación y créditos.
Parte de este trabajo era considerado tradicionalmente como "ayuda familiar" y no estaba reconocida legalmente, lo que ha motivado una fuerte reivindicación durante décadas de los asociaciones de mujeres rurales, que exigían avances en la igualdad de derechos entre hombre y mujeres del campo.