El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha informado en el Parlamento andaluz del proyecto de Ley de Cambio Climático que este martes 19 inicia su tramitación legislativa para su aprobación definitiva. Durante su intervención, el consejero ha apelado a todos lo grupos políticos para consensuar una norma que ha contado en su elaboración con una gran participación social y que tiene como objetivo disminuir la emisión de gases con efecto invernadero y, por tanto, mejorar la calidad de vida de los andaluces.
Fiscal ha aclarado que la futura Ley supondrá una nueva regulación de la contaminación por gases de efecto invernadero y se dirigirá a las denominadas “emisiones difusas”, que se encuentran en situación de vacío legal al no estar sujetas al Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión y que suponen un 55% de la contaminación vinculada al cambio climático en la comunidad.
En opinión del consejero hay que apostar por una política de mitigación, que reduzca las emisiones y aumente la capacidad de sumidero de dióxido de carbono, y adaptar a la sociedad a un modelo de producción que disminuya en su conjunto los efectos del cambio climático. Para ello, es indispensable sumar a las empresas a esta causa, promocionando y fomentando la incorporación de las mejores técnicas disponibles en los procesos productivos.
Busca “la prevención y la detección precoz de los problemas ambientales es la mejor fórmula para garantizar nuevos resultados”
La ley, que se convertirá en un eje fundamental y transversal de las políticas de la Administración autonómica, pretende ser un instrumento de prevención y corrección de los efectos adversos de este fenómeno global, ya que “la prevención y la detección precoz de los problemas ambientales es la mejor fórmula para garantizar nuevos resultados”, ha añadido.
En esta línea, el consejero ha explicado los cinco apartados en los que se estructura este proyecto de Ley de Cambio Climático que cuenta además con un capítulo preliminar, en el que se exponen el objetivo, ámbito de aplicación y principios rectores en los que se basa la norma. El primer capítulo, en el que se regulan los aspectos competenciales y organizativos, contempla la creación de la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, como claro ejemplo de transversalidad, y de la Oficina Andaluza de Cambio Climático, como unidad administrativa de apoyo y fomento de las políticas de mitigación, adaptación y comunicación.
En el segundo apartado del proyecto de Ley de Cambio Climático, dedicado fundamentalmente a la planificación, destaca el Plan Andaluz de Acción por el Clima, en el que se recogen los objetivos de mitigación y adaptación desde el ámbito local y autonómico, para incorporarlos a todas las planificaciones sectoriales. En este capítulo se incluyen también los Planes Municipales contra el Cambio Climático, los Escenarios Climáticos de Andalucía y el Inventario Andaluz de Emisiones de Gases invernadero.
En el tercero, centrado en la mejora del conocimiento y la participación pública, sobresale la creación de la Red de Observaciones de Cambio Climático de Andalucía, que tiene como objeto incorporar el conocimiento científico generado en los centros de investigación de Andalucía, a la toma de decisiones y a la planificación socioeconómica.
Por su parte, el cuarto capítulo del proyecto de Ley de Cambio Climático especifica los objetivos para reducir en la región las emisiones difusas en un 18% en 2030 respecto al nivel registrado en 2005, mientras que para el conjunto de España, la reducción aplicable es del 26% con la misma referencia. También contiene las medidas de mitigación para los distintos sectores que generan contaminación difusa, fundamentalmente el transporte, y la regulación del Municipio de Baja Emisión de Carbono, cuyo reconocimiento irá emparejado a la concesión de ayudas o subvenciones de la Junta de Andalucía.
En este mismo apartado se incluye el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (SAER), que incluirá en la lucha contra el cambio climático las actividades de elevado consumo energético, creando nuevas obligaciones de transparencia y reducción de la contaminación. En el ámbito voluntario, el proyecto de ley recoge asimismo el Sistema Andaluz de Compensaciones de Emisiones (SACE), un instrumento voluntario para las actividades radicadas en Andalucía que quieran asumir compromisos similares a los del SAER para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Igualmente se regula el régimen jurídico de la huella de carbono de productos y servicios y su valoración en los procedimientos de contratación pública.
El último apartado del proyecto de Ley de Cambio Climático está dedicado al régimen sancionador, que contempla dos tipos de infracciones. Las leves, con multas de hasta 30.000 euros y las graves con sanciones de entre 30.000 y 60.000 euros, así como la imposibilidad de obtener durante dos años préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de medio ambiente. El documento concluye con disposiciones adicionales y finales en las que se recogen los plazos para la aprobación del Plan andaluz de Acción por el Clima, de los Planes Municipales contra el Cambio climático y para los reglamentos del SAER y del inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.