La Fundación Savia, tras mantener una serie de reuniones con la Asociación AIBADA para tratar conjuntamente el preocupante tema del calentamiento global y el cambio climático, así como el importante papel que juega la ganadería en la producción de gases de efecto invernadero (GEI), llegaron a la conclusión de que para abordar con seriedad y eficacia este problema, existía la necesidad urgente de comenzar a separar legislativamente la ganadería industrial intensiva de la ganadería extensiva.

Para ello, contactaron con el parlamentario europeo Ernest Urtasun (Verts/ALE) que, interesado por el problema, ha presentado a la Comisión Europea una pregunta, con solicitud de respuesta escrita, sobre la adopción de posibles medidas para distinguir regulatoriamente la ganadería industrial intensiva de la ganadería extensiva, al tratarse de dos subsectores totalmente distintos y diferenciados con respecto a su efecto contaminante y a su manejo alimenticio.

En este sentido, para la Fundación, no existe ninguna duda para decir que, la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) es el mayor problema al que se enfrenta el sector ganadero, para poder hacer frente a los compromisos del Acuerdo de París (2015), el Pacto Verde Europeo (2020) y el Compromiso Global sobre el metano (COP26). Sin embargo, cree que «ya es hora de separar y diferenciar la ganadería industrial intensiva de la ganadería extensiva, con el fin de aclarar administrativamente qué tipo de ganadería es la que contamina, y cual de ellas, no solo no contamina, sino que descontamina».

En este sentido, explican que, por un lado, sin hacer diferenciación entre Ganadería Intensiva o Industrializada y Ganadería Extensiva, la FAO dice que el sector ganadero es el responsable del 14,5% del total de las emisiones GEI; lo que es reforzado por un reciente estudio publicado por la Revista NATURE FOOD y liderado por la Universidad de Illinois, que dice que los GEI producidos por la industria de producción de alimentos de origen animal pueden alcanzar hasta el 19,9% del total de las emisiones.

Por otro lado, esta vez haciendo diferenciación entre ganadería industrial intensiva y ganadería extensiva, el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC) dice que producir un kilo de carne procedente de Ganadería Intensiva genera en la industria cárnica 26,5 kg de CO₂eq; lo que también es reforzado por un estudio actual de la Universidad de Michigan (Stanley y cols., 2018) que dice que un kilo de carne de bovino producido en cebadero emite 6,09 kg de CO₂eq, mientras que un kilo de carne producido en un ecosistema pastoreado absorbe 9,68 kilos de CO₂eq.

EL PLAN ESTRATÉGICO PERMITE QUE DESAPAREZCAN DE LA DEHESA ARBOLADA UNOS 3 MILLONES DE ÁRBOLES AL AÑO

En base a los datos científicos expuestos con anterioridad, queda claro lo siguiente:

1. La urgencia de separar conceptualmente (legal y administrativa) la Ganadería industrial intensiva (estructuralmente contaminante) de la Ganadería Extensiva (descotaminante ‘persé’), ya que se trata de dos subsectores totalmente diferenciados, por el origen y genética de los animales, por su alimentación y manejo, y por su capacidad de RESILIENCIA frente al cambio climático.
2. La necesidad de asumir social y administrativamente que la importante cantidad de emisiones GEI que genera una producción ganadera industrial está estructuralmente unida a su modalidad productiva, competitiva en un mercado globalizado que necesita producir grandes cantidades de carne en poco tiempo y a un precio asequible, partiendo de animales muy productivos, pero vulnerables sanitariamente (poco resistentes a las enfermedades), encerrados en pequeños espacios (naves), y alimentados con piensos (concentrados) traídos desde decenas de miles de kilómetros que dejan una impactante huella ambiental en su camino, además de necesitar mucha agua (bien escaso) y generar grandes volúmenes de estiércol y purines con graves efectos contaminantes sobre el suelo, agua y atmósfera.

2000. La posibilidad real que existe de que la Administración europea potencie una ganadería extensiva tradicional proveedora (gratuita) de Bienes Públicos para la sociedad (paisaje, biodiversidad, equilibrio sanitario ecológico, protección contra el fuego, …) basada en razas autóctonas, con gran capacidad de resiliencia (modeladas genéticamente a lo largo de siglos), que aprovechan racionalmente los pastos y otros recursos del campo (no consumibles por los humanos), fertilizando el suelo con sus excrementos y cerrando el ciclo biológico suelo-planta-animal, que es básico para el mantenimiento y conservación de numerosos ecosistemas de extraordinario valor medioambiental, que actúan como grandes sumideros de carbono, formando parte, muchos de ellos, de la Red Natura 2000.

En España, «como parece que nos gusta ir contracorriente», el mismo día del compromiso de Glasgow para reducir el 30% las emisiones de metano, nos desayunábamos la noticia de que el Ayuntamiento de Noviercas firma un convenio con la empresa promotora de la macrogranja de 23.000 vacas (la tercera más grande del mundo) que se quiere instalar en la población que, entre otras cosas, generará alrededor de 3 millones de kilos de metano al año.

Para continuar «con el paso cambiado», con respecto a la otra gran decisión sobre Deforestación comprometida por 103 países asistentes a la citada Cumbre Climática, España, como país miembro de la UE, que es precisamente el bloque de naciones más comprometido con este acuerdo a través del Gran Pacto Verde Europeo y de su Política Agraria Común (PAC), responde con la elaboración de un Plan Estratégico para la Nueva PAC, que permite que desaparezcan de la Dehesa arbolada unos 3 millones de árboles al año, colocándola en la más pobre y vulnerable situación económica de toda la nueva PAC (regiones 0103 y 0203) donde, además de quitarle «de forma semifraudulenta casi un millón de hectáreas admisibles, también le penaliza la existencia de árboles mediante el CAP (cuantos más árboles haya, menos se le paga al ganadero), rematando la faena agraria con la propuesta de que continúe en esta insoportable situación durante los próximos seis años (recibiendo la misma Ayuda a la Renta media, que es 2,7 veces menor que la que reciben las tierras de cultivo), sin que exista una explicación lógica que lo justifique».