EFE.- La proposición de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, que ha defendido el portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha sido respaldada por todos los grupos políticos de la cámara, PP, PSOE, PAR, IU y CHA, por lo que comenzará ahora su tramitación parlamentaria, con la apertura del plazo de presentación de enmiendas.
A continuación, se constituirá la ponencia encargada de trabajar el texto y elaborar un informe, que será remitido a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Si el informe resulta aprobado, se debatirá ante el pleno de la Cámara, donde será aprobado, convirtiéndose en Ley, o rechazado.
La iniciativa legislativa recoge, además, en su exposición de motivos la intención de «impulsar una política en materia de aguas que contribuya a reducir las diferencias de desarrollo entre las comarcas de Aragón».
El portavoz del PAR ha destacado, en su defensa, que esta iniciativa legislativa figura en el programa electoral de este partido y que está incluida en el acuerdo de gobernabilidad con el PP.
«Es una ley pensada por y para Aragón» y no pretende ser sólo del PAR sino de todos, por lo que el objetivo es que se apruebe con el «diálogo» y el «máximo consenso», ya que el agua es «vital» para la Comunidad, ha agregado.
Sería una norma que otorgaría las máximas competencias por la encomienda a Aragón de las obras de interés general y buena parte de las tramitaciones, ha explicado, al tiempo que ha informado de que Cataluña, País Vasco o Andalucía tienen formulaciones parecidas.
Asimismo, reclama que los pronunciamientos de la Comunidad sean vinculantes sobre los derechos exclusivos de los aragoneses en la reserva de agua, especifica quién y cómo se deben elaborar los informes sobre los trasvases, que las Cortes deberán aprobar en su caso.
Boné también ha explicado que permitirá a las entidades locales dotarse de nuevas herramientas en sus propios planes para la gestión del agua y que incluye la creación de un comité de autoridades competentes de Aragón.
Asimismo, en la futura ley se tratarán aspectos «muy vanguardistas» como la gobernanza, la participación, los usos industriales, las energías, que una parte de los beneficios de los recursos se inviertan en el lugar de su producción y mantener el impuesto sobre la contaminación del agua.
Miguel Aso, de IU, ha dicho que, aunque lo más deseable era que la iniciativa hubiera partido del gobierno, están dispuestos a debatir sobre los asuntos trascendentales para la Comunidad y presentarán las enmiendas que consideren oportunas.
Para Joaquín Palacín, de CHA, el agua es «importante y vital» una de las pocas cosas que «remueven las conciencias en Aragón» y una ley en este sentido puede mejorar las competencias y adaptarse a los cambios normativos de los últimos años, pero ha agregado que existen una serie de barreras que no atravesarán como es la privatización de los servicios.
Elisa Sancho, del PSOE, ha indicado que es una cuestión lo «suficientemente importante» como para tratarla con «seriedad venga de donde venga», ya que pretende regular la política hidráulica.
Por parte del PP, José Manuel Cruz, ha insistido en que se trata de regular las competencias de Aragón en materia de aguas, que es una de las cuestiones que recoge el pacto de gobierno con el PAR.