A juicio de ASERPYMA, en esta materia es posible una colaboración público-privada, a través de concesiones al sector empresarial de la gestión y el aprovechamiento energético de la biomasa. El sector privado podría acometer inversiones puesto que se trata de una actividad que sería rentable para las empresas, favorecería la reducción de combustibilidad de nuestros montes y ayudaría a cumplir el plan de energías renovables.
Esta gestión privada, que estaría subordinada al cumplimiento de los proyectos técnicos elaborados y supervisados por la Administración, permitiría, en su opinión, optimizar los recursos de las administraciones públicas, de forma que destinasen sus recursos a otras actividades necesarias, pero que, por su falta de rentabilidad, sólo pueden ser afrontadas desde el sector público, como por ejemplo los trabajos de corrección hidrológico-forestal, caminos y viarios forestales, etc…
En este sentido, ASERPYMA propone que la nueva normativa que está preparando el MAGRAMA en materia forestal, impulse la participación empresarial y ponga en marcha colaboraciones público-privadas en aquellas actividades que son competitivas, dejando que la inversión pública se centre en aquellas necesidades y obligaciones a las que no acudiría el sector privado por su falta de rentabilidad.