EFE.- Así lo han asegurado en un encuentro con periodistas en Madrid para explicar en clave española el acuerdo sobre la Política Agraria Común (PAC) que han alcanzado el Parlamento Europeo, la Comisión y los estados Miembro de la UE a finales del pasado mes de junio.
Ambas advierten del calado de unas conversaciones de las que depende la distribución de 47.000 millones de euros en ayudas de la UE para el período 2014-2020, en el que se cambia el sistema de cálculo de subvenciones, que pasarán a vincularse a la superficie, y han discrepado sobre el grado de recorte real de los presupuestos.
Preguntadas si en la sectorial de Agricultura prevista para los días 24 y 25 de julio en Madrid para hablar del reparto regirá el consenso o habrá "guerra" abierta interautonómica, Esther Herranz (PP) reconoce que posiblemente sea una negociación "a cara de perro" y que haya "egoísmos", por lo que reclama a los representantes regionales que hagan del reparto "cuestión de Estado".
En este sentido, Herranz recuerda que las europarlamentarios españoles han luchado en Bruselas en la defensa de los intereses nacionales, y han conseguido que la UE dé flexibilidad para evitar problemas al país o "luchas cainitas" entre territorios ahora.
Por eso, piden que los responsables de las comunidades trabajen por encima de los partidos políticos para lograr consensos.
Mientras tanto, Iratxe García recuerda que la negociación entre Gobierno y comunidades autónomas será "complicada" y pide "valentía" al Ministerio de Agricultura para que "ponga una propuesta" de base sobre la mesa, más allá del cuestionario que ha enviado a las comunidades y sector agrícola para evitar -advierte- 17 respuestas o modelos diferentes que compliquen el debate.
Para García, el Magrama tiene la responsabilidad de proponer un modelo social agrario para España en unas negociaciones en las que se decidirá no sólo de dinero entre agricultores y autonomías, sino también del concepto de agricultor activo o a qué sectores se darán pagos acoplados (vinculados a la producción), por ejemplo.
El Ministerio tendrá hasta diciembre de este año "para dar luz a cuestiones no fáciles" con las autonomías, incluida la definición de entre 20 y 42 regiones agronómicas, por lo que "no envidio al que esté haciendo las mapas" -ironizó la eurodiputada socialista-.
Respecto a quién debe recibir los pagos, Iratxe García pide acabar con "el tapón" que supone ahora que perceptores conserven ayudas por derechos adquiridos en el pasado aunque haga 15 años que han abandonado la actividad e impidan el acceso a jóvenes.
Por su parte, Herranz defiende un sistema que permita el relevo generacional sin perjudicar a muchos agricultores jubilados que tienen en las ayudas PAC un complemento a su baja pensión durante los años que le quedan de vida, porque han cotizado en un régimen agrario que fue "de lo más paria" del sistema de seguridad social.
Ahora bien, se cuestiona la eurodiputada popular si el sistema debe primar a titulares de pequeñas explotaciones o productores "que tengan las manos llenas de grietas solamente".
Esther Herranz subraya que "se ha dado la vuelta" a la lesiva propuesta inicial (tasa plana, convergencia interna o greening), el vino "queda bien resuelto" y también la ganadería -gracias a las ayudas acopladas-, aunque en leche "no se han hecho bien las cosas" y se plantean "incertidumbres" y algo similar ocurre al tabaco.
Remarca que, en OCM única, se insiste en que la UE tenga en cuenta el comercio agrícola cuando negocie con otras potencias -lo que abre la puerta a combatir los problemas de reciprocidad o plagio de marcas en países como EEUU-, y se permitirá además la promoción del vino dentro de la UE y no sólo a nivel extracomunitario.
Iratxe García califica de "positivo" el acuerdo pero "sin triunfalismos" porque han quedado "cuestiones en el camino".
Se le quedan "espinitas" clavadas por no lograr mejores resultados en prórrogas de los cupos de remolacha y leche y más garantías para el cultivo del tabaco, dijo García, quien también lamentó el recorte presupuestario en términos constantes.
Recuerda, sobre el equilibrio de los pagos entre sectores ahora muy dispares, que en 2019 tendrá que haber una convergencia interna del 60 % entre los que más y menos reciben aunque ningún profesional perderá más del 30 % de lo que ahora obtiene, pero ahora queda en la negociación española la búsqueda de salidas para evitar trasvases.