Una vez aprobada la política agraria comunitaria por las autoridades europeas para el periodo 23-27, lo primero para tener en cuenta es que el presupuesto se ha reducido un 2 por ciento, por lo que, sea cual sea la fórmula que elijan, cobraremos menos.

Ahora el meollo de la cuestión está en la elaboración del Plan estratégico nacional. Nunca ha dejado Europa tanta libertad a los estados miembros para desarrollar la PAC, y, o mucho nos equivocamos, o eso va a ser malo para Castilla y León, porque si era cuestionable lo que diseñaban en Bruselas, no lo va a ser menos lo que se diseñe en Madrid, atendiendo menos a razones agrarias que a esta ensalada de criterios territoriales y políticos que tenemos en España.

Ministro y consejeros de Agricultura -y sus equipos- llevan meses reuniéndose, pero ahora que han pospuesto los encuentros hasta que pase el verano , con la esperanza de que se enfríen los ánimos y peticiones de cada autonomía. Porque si no hay acuerdo ya amenaza el ministerio con tomar “el camino de en medio” y mandar por su cuenta a Bruselas el plan nacional, que obligatoriamente tiene que estar terminado a 31 de diciembre de este año, para que se apruebe y desarrolle en 2022 y entre en vigor el 1 de enero de 2023.

La sensación que tenemos es que tanto el ministro como la mayoría de los consejeros no están por una PAC profesional y agraria, que sirva para producir alimentos y dé apoyo y firmeza a los profesionales del sector. Están hablando de una PAC política, con dos componentes claros, “el verde” y el social.

Siempre hemos dicho que uno de los problemas principales de las ayudas es que de los 680.000 perceptores que hay en España solo 220.000 son cotizantes a la Seguridad Social: apenas un tercio viven de verdad de la agricultura y la ganadería. Pues bien, lo que llega de los despachos es que en adelante esto seguirá así, o incluso empeorará. En el paraguas del “agricultor activo” entraríamos los que cotizamos a la Seguridad Social, pero también aquellos que tengan un 25 por ciento de ingresos de procedencia agraria (puede ser única y exclusivamente la PAC, sin vender producción), y también todos los que cobren menos de 5000 euros. Es decir, todos. El ministerio convierte al agricultor activo y pasivo en lo mismo.

Si a esto sumamos el nuevo pago redistributivo, que restará un 10% a las ayudas con derechos que hoy percibimos, para después repartirlo linealmente a todos los perceptores con un plus para las primeras hectáreas de cada explotación, el resultado es que los no profesionales cobrarán más por hectárea o cabeza de ganado que los profesionales, porque los que solo vivimos de esto tenemos necesariamente más superficie o animales. Un sinsentido que ASAJA rechaza con rotundidad, y que podría dar lugar a situaciones indeseadas, como que se dividan explotaciones y aumenten las titularidades, aunque eso sea negativo para la producción, sostenibilidad y en definitiva para el futuro de la agricultura.

Definido quién cobra, queda por determinar por qué cobramos. A partir de ahora no bastará con producir con las máximas garantías sanitarias, productivas, de bienestar animal y respeto al medio ambiente. No. Ahora entra como un elefante en una cacharrería el ministerio de Transición Ecológica, con Teresa Ribera a la cabeza, para marcar estrictos y muchas veces absurdos requisitos. Así, las exigencias del pago verde se integran en lo que ahora llaman la “condicionalidad reforzada”.

Quieren inventar la pólvora con los ecoesquemas, de lo que dependerá el 25 por ciento del pago, pasando por alto la realidad de la agricultura y la ganadería. Cada uno sabe en su zona o explotación lo que puede sembrar y conoce por experiencia el manejo idóneo para que su ganadería dé la mejor producción. No pueden quedar prados sin segar cuando el ganadero los costes de producción le comen la escasa rentabilidad, no se puede exigir a los agricultores a que roten al maíz, cuando es el cultivo que mejor funciona en muchas zonas (y además somos deficitarios), ni obligar a sembrar barbechos con cultivos que no darán producción.

Si a esto le sumamos cuestiones sociales como es todo el tratamiento a nuevas incorporaciones, hombres y mujeres con algunos pagos adicionales, sin pedirles una permanencia y compromiso con el sector, se están sentando las bases de una PAC política, que no agraria, y que puede contribuir a expulsar a los verdaderos profesionales.

Desde ASAJA pedimos al consejero y al ministro que hagan una PAC agraria, que no jueguen a los politiqueos con nuestro dinero, que frenen medidas “verdes” absurdas, y que den prioridad a los verdaderos profesionales, porque somos el eje de la agricultura y la ganadería y los que de verdad garantizamos la alimentación de la sociedad.

No queremos echar a nadie, pero ante igualdad de derechos queremos igualdad de obligaciones, y si un agricultor profesional cotiza a la seguridad social y paga impuestos, todos los que quieran cobrar unas ayudas públicas como son la PAC deben tener la misma obligación.