Si algo se le debe reconocer al actual Gobierno de Mariano Rajoy es que es capaz de ir cambiando las reglas del juego de la forma más sibilina y discreta posible, de forma que cuando los profesionales se dan cuenta del cambiazo ya es tarde para reaccionar. La última sorpresa, que de tan sorpresa no está provocando ni polémica más allá de algunas posiciones autonómicas encontradas con más tristeza que discusión, es el acuerdo del último Consejo de Ministros de condicionar las ayudas agrarias a las comunidades autónomas a su grado de cumplimiento del déficit.
Y no es precisamente una cuestión baladí, ni mucho menos fácil de analizar, ya que de una manera clara se mete a la agricultura en un debate sobre los recortes que hasta ahora había pasado casi por encima. Es cierto, y eso lo saben todos los agricultores y ganaderos, que los recortes autonómicos han estado ahí desde que se iniciara la crisis y más en este último año, con medidas que han ido más allá de los ajustes sociales en el mundo rural al cerrarse el grifo de las ayudas a los seguros, a la incorporación de los jóvenes y a otra gran cantidad de medidas de estímulo y de inversión en la gran mayoría del país.
La crisis afecta a todos y todos la notan, pero desde ahora será el campo el que empiece a notarla un poco más en sus carnes con esta decisión ministerial. Y es que, con los recortes citados, al final siempre todo el mundo ha sabido vender, con más o menos credibilidad o con más o menos retrasos, que se está pagando las ayudas de la PAC, que se adelantan las subvenciones futuras… aunque no se hayan abonado las pasadas. Menos que más, todos tenían dinero para vender al sector y calmar conciencias y enfados. Pero esto se ha acabado.
Si hasta ahora el agricultor veía cómo le cobraban más por un medicamento o cómo sus hijos regresaban de la ‘gran ciudad’ a su orígenes para poder subsistir, la realidad es que ahora deberán ver cómo el recorte de los funcionarios, la discusión sobre si sobran o no organismos públicos o el número de alumnos por clase (aunque en su pueblo no haya ni escuela) les va a afectar directamente para poder recibir o no las ayudas prometidas.
Si las autonomías cumplen el déficit aprobado por el Estado, les llegará el dinero, si no deberán ver cómo se retrasa en el mejor de los casos. ¿Es justo esto? Sinceramente, no lo sé. Tiene lógica que quien más se apriete el cinturón en todos los aspectos (y eso conlleva muchos y duros recortes a todos los ciudadanos) puedan disponer con más rapidez del dinero previsto para la agricultura que quienes no han sido capaz de ahorrar en estos tiempos de crisis. Pero también es cierto que para el sector agrario representa un doble castigo, ya que sufren los recortes como el resto de ciudadanos y ahora se le añade el del retraso en las ayudas porque sus gobernantes, sean del color, tamaño o sabor que sean, no han sabido adaptarse a las exigencias del Gobierno y a sus planes económicos. Porque si una autonomía no cumple el déficit ¿se le paralizan las ayudas al automóvil, a la industria, a los autónomos, aaa?
Lo único que tengo claro es que esta cuestión debería ser analizada con más profundidad de la que se está haciendo y que cuando el político de turno visita el mundo rural y se le llena la boca hablando del futuro del sector, de su apoyo incondicional a éste y de todo lo que se debe y se va a hacer no habla de agricultura, ganadería o medio ambiente, sólo de dinero… y sin decirlo. Y luego se enfadarán porque tienen mala imagen.