La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana ha abierto la puerta a una armonización normativa destinada a homogeneizar la legislación en materia de explotaciones ganaderas con las del resto de comunidades autónomas.
Esta revisión, que afecta a la industria agroalimentaria y principalmente a la instalación de granjas, se enmarca dentro de una adecuación legislativa encaminada a que las exigencias para el sector ganadero en la Comunitat Valenciana sean las mismas que en las de otros territorios.
La Conselleria se alinea así con otras normas autonómicas con el fin de garantizar la actividad agraria valenciana sin por ello renunciar a los elementos y requisitos ambientales.
Esta estandarización fue uno de los asuntos de la reunión que la consellera Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà que mantuvo esta semana con representantes del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón.
Mollà ha defendido la necesidad de adoptar cambios normativos que tengan en cuenta las particularidades del sector y que sean capaces de conjugar los intereses ambientales, territoriales y económicos.
Esta neesidad de homogeneizar la legislación en materia de explotaciones ganaderas podría evitar muchos problemas entre las propias CCAA. Como el caso ocurrido entre Cantabria y Castilla y León en marzo del pasado año sobre el sistema de saneamiento ganadero, que llegó a provocar que la Consejería de Medio Rural Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria defendiera la fiabilidad de su sistema de saneamiento ganadero, que “apoya todo el sector y tiene mejores resultados que el de Castilla y León”.
En esa polémica, Medio Rural llegó a afirmar que la alerta vertida por ASAJA de Castilla y León sobre el posible riesgo sanitario asociado al intercambio de ganado con Cantabria no se basa en causas técnicas o profesionales, sino que responde a cuestiones de tipo sindical o político.
Debe incidirse en las normas de bienestar animal, incluyendo los biorritmos, la calidad diferenciada y la trazabilidad, donde se incluye el obligado cumplimiento de los requisitos que impone el registro sanitario.