El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado este martes 2 en el Senado la declaración común de toda la Cornisa Cantábrica sobre el futuro de la PAC de País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia, ya que “supone un paso positivo” en relación con el debate para la aplicación en España de esta política comunitaria, a pesar de que se han mostrado muy críticas ante los planes de Planas llegando a considerar como «inaceptable» que se proponga la incorporación de las superficies de viñedo, frutas y hortalizas -hasta ahora excluidas y en las que la zona mediterránea resulta claramente beneficiada-, y al mismo tiempo se dificulte la entrada de superficies de otros usos o sistemas productivos (como los pastos arbustivos).
El ministro ha recordado que España va a disponer de 47.724 millones de euros de la PAC del periodo 2021-2027.
Desde principios de 2019 el Gobierno trabaja con las comunidades autónomas, las organizaciones profesionales agrarias y el conjunto de actores del medio rural para lograr “un gran pacto de Estado que permita aplicar en España los mejores instrumentos y ayudas a nuestros agricultores y ganaderos”, a través del Plan Estratégico, el modelo de aplicación de la PAC en España.
El ministro ha subrayado que “estamos ante una PAC de grandes retos”, y se ha mostrado convencido de poder alcanzar ese pacto de Estado sobre el futuro de la PAC, para que la “inmensa clase media” de la agricultura española puedan beneficiarse de estos fondos que son tan necesarios para afrontar los retos de la próxima década en materia de innovación, digitalización, renovación generacional, igualdad de género y para la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente.
Ha precisado que, según el artículo 90 del reglamento de planes estratégicos habrá un único Plan Estratégico por Estado miembro, acordado según las reglas internas constitucionales.
También ha señalado que la entrada en vigor de la PAC no se producirá hasta enero de 2023, por lo que el Gobierno aprobó el pasado 26 de enero un decreto para cubrir el periodo transitorio 2021-2022, en base al reglamento europeo y las recomendaciones de la Comisión Europea, para asegurar que los agricultores y ganaderos sigan percibiendo sus ayudas.