José María Fresneda Fresneda / Secretario General de ASAJA Castilla-La Mancha
Independientemente de las “5W” periodísticas (What, Who, Where, When, Why y How, traducido qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo), Castilla-La Mancha está inmersa en la elaboración de los Planes de Gestión de las zonas ZEPA, tal y como exige la normativa europea.
Dichos Planes representan un reto de enorme relevancia por las implicaciones que derivan, por un lado, de los aspectos de conservación y protección medioambiental propios de zonas incluidas en el espacio geográfico de la consideración ZEPA y, por otro, de los aspectos socioeconómicos ligados a las actividades agrarias que se desarrollan en esas mismas zonas.
En este proceso, venimos participando con aportaciones, comentarios e indicaciones, resultado de un trabajo minucioso y detallado de los borradores que se iban elaborando. En ocasiones o, en muchas ocasiones, con agendas muy apretadas y con poco tiempo para la reflexión y maduración de argumentos. En todo caso, creo que podemos estar satisfechos de que la evolución del trabajo atiende a un rumbo adecuado, gracias al respaldo real de la gente a la que verdaderamente le interesa la letra pequeña por todo aquello que se juegan. No obstante, queda mucho por hacer y mucho por evitar.
De este modo, hay que impedir que se produzcan debates estériles que tergiversen la información, pues puede provocar daños irreparables para el presente y el futuro de los agricultores afectados.
Por otro lado, podemos entender que un Plan de Gestión de ZEPA ha de ser un plan para gestionar un territorio en el que la población rural y sus actividades sean compatibles, al más alto nivel, con la protección de aves esteparias en ambientes agrarios. Es decir, bajo criterios de sostenibilidad conforme a los requisitos de la avifauna que se ha de conservar.
En este sentido podemos decir que todos estamos en el mismo camino (aunque éste haya sido un camino que hemos tenido que recorrer). De hecho, todos los actores implicados en la elaboración del plan coincidimos en que la agricultura no sólo es necesaria para el desarrollo social y económico de la zona, sino que además, la agricultura es imprescindible para la supervivencia de las propias aves.
Ha habido un tratamiento muy superficial del elemento clave “factor humano”, de sus actividades y orientaciones productivas de los diferentes usos del suelo, como componente fundamental en la gestión directa del espacio Natura 2000.
En el estado actual de los borradores, se ha incorporado información relevante sobre la existencia de industrias propias del sector vitivinícola (aunque no se aporta tipificación de las mismas), que representan inversiones y actividades de gran trascendencia.
De igual modo, se aporta un “Análisis de los jóvenes agricultores incorporados a la actividad agraria”, lo que representa una información valiosa y enriquecedora. No obstante, se desconoce la implicación de esta circunstancia en la clasificación de usos, y en la relevancia de los entornos vitivinícolas que estamos considerando. En definitiva, es una información que, aun estando disponible, no se ha utilizado.
Indudablemente estos planes han de estar integrados en los planes de desarrollo propios, como es el caso del programa operativo “Castilla-La Mancha FEDER 2014-2020 PO” y, especialmente en lo que respecta a la lucha contra la despoblación de zonas rurales y dispersas. En este sentido, las medidas para fijar la población en ámbitos agrarios, pasan por el fomento de la actividad económica mediante estrategias de modernización del sector agrario.
Sin embargo, una ZEPA es un espacio de actividad de aves esteparias en el que, necesariamente, debemos llegar a la delimitación precisa de los hábitats propios de las mismas y, además, procurar prioritariamente su mantenimiento. Por ello, y para ello, resulta imprescindible establecer y desarrollar los criterios oportunos para disponer de una zonificación precisa y válida que distinga niveles de viabilidad para actuaciones concretas.
Debemos descender, desde ese espacio global de actividad de aves esteparias (que sin duda ha de corresponderse con avistamientos y censos constatados) a un espacio de usos agrícolas y un espacio de uso faunístico. Puede decirse que debemos ser capaces de caracterizar el territorio y definir espacios concretos de viabilidad/inviabilidad de actuaciones.
En un primer borrador, se estableció una zonificación global de tres tipos: Zona A, Zona B y Zona C, que limitaba y restringía la actividad agraria. Pero hemos conseguido que, en el último borrador, se sustituyera por otra división: zonas muy vitícolas, vitícolas, poco vitícolas y nada vitícolas.
La principal novedad y el principal avance es que el agricultor pueda plantar cultivos leñosos (viñedo, almendro, olivar) incluso en las zonas más restrictivas, tal y como solicitó ASAJA de Castilla-La Mancha.
Ahora bien, sigue habiendo limitaciones que varían en función de que la explotación esté en zona muy vitícola, en zona vitícola o en zona poco o nada vitícola. Por ello, hay que seguir trabajando en una mayor definición de usos relacionados con los cultivos leñosos: viñedo, olivar y almendro o pistacho, entre otros, y aplicar los márgenes y tolerancias en torno a cada uno de ellos.
En todo caso, parece lógico pensar que la compatibilidad de una propuesta de actuación concreta, con el hábitat propio de aves esteparias, ha de resolverse en el ámbito de la especificidad de la actuación.
Además, si buscamos herramientas, procedimientos, modelos para la gestión de espacios y, en definitiva, agilidad para la resolución de propuestas, debemos descender en la delimitación y definición de espacios (mapas), a escala de parcela, considerando áreas de continuidad de los cultivos y de continuidad de los hábitats prioritarios de las aves esteparias.
Estamos en el buen camino, si progresamos por la diferenciación, si avanzamos en criterios contundentes sobre las razones que amparan una resolución positiva/negativa de una actuación. El Plan de Gestión que contemple estos argumentos, podrá tener larga vida.
Por otra parte, hemos de abanderar la protección medioambiental como elemento diferenciador de la producción y, en su caso, reivindicar su especificidad.
La ubicación de una parcela agrícola en una ZEPA no puede ser una carga, hay que trabajar por un reconocimiento, por una compensación (en su caso), pero sobre todo, han de ofrecerse herramientas para la viabilidad de su actividad y la valoración de su propiedad.
En todo caso, y en las situaciones en las que las limitaciones medioambientales sean susceptibles de compensación, deben articularse los procedimientos de regulación adecuados.