Unió de Pagesos (UP) reclama, una vez más, que se autorice la venta directa de leche cruda a las explotaciones de producción, de la misma manera que hace unos años se legalizó en muchos estados de la Unión Europea, como Francia e Italia.
Asimismo, el sindicato pide al Ministerio de Sanidad flexibilizar las normas de higiene de los alimentos cuando el productor suministra directamente pequeñas cantidades de productos primarios al consumidor final o a locales de venta al detalle.
En este contexto, el sindicato agrario también pide que se autorice la venta y el sacrificio de aves de corral y de conejos en pequeños mataderos situados en las mismas explotaciones por su venta directa.
En referencia a los pequeños mataderos de explotaciones de ovinos u otras especies en sistema extensivo o semiintensivo, UP solicita que se puedan sacrificar a los animales de las explotaciones cercanas, dentro de un determinado radio.
los productores sufren las consecuencias de estas limitaciones normativas
La regulación comunitaria en materia de seguridad alimentaria se estableció entre el 2002 y el 2004 y, pese a que no incluía el suministro directo por parte del producto de pequeñas cantidades de productos primarios al consumidor final, o a establecimientos locales de venta al detalle, instaba a los estados miembros de la UE a regularlo según el derecho de cada país.
En este sentido, España publicó en 2006 el Real Decreto 640/2006, que ahora quiere modificar, pero UP considera que tanto aquella regulación como los cambios que tiene previstos incluir «resultan insuficientes».
El proyecto valora positivamente en su preámbulo las condiciones higiénicas y de control de la producción primaria existentes, pero esta valoración no se traduce suficientemente en una flexibilización de las normas para la venta directa.
Así pues, el sindicato agrario denuncia que los productores sufren las consecuencias de estas limitaciones normativas, ya que «no le permiten obtener de una manera suficiente el margen comercial correspondiente a la venta directa de una parte de su producción».
Además, aseguran, «comporta un agravio para los productores respecto a los países comunitarios, entre los cuales, la venta directa ha estado regulado ampliamente y ya es una práctica muy común»