En el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad se adoptaron, entre otras, diversas decisiones que afectaban al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Concretamente, se incrementó el tipo general del 18 al 21%, y el tipo reducido del 8 al 10. Por el contrario, el tipo superreducido, que se aplica a artículos de primera necesidad como son los alimentarios (pan, frutas, verduras, hortalizas, leche, quesos, huevos,…), se mantuvo en el 4%.
El mismo decreto modificó también la Ley del IVA, respecto al porcentaje de compensación a tanto alzado que perciben los productores acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca cuando entregan sus productos a sus adquirentes, como es el caso habitual de las cooperativas agrarias.
Los agricultores acogidos a este régimen, en cuanto no hacen declaración del impuesto y soportan el IVA de los bienes y servicios que adquieren (gasóleo, electricidad, fertilizantes, maquinaria, etc.), reciben una compensación de dicho IVA soportado cuando se les compran sus productos. A diferencia del tipo superreducido que mantiene una parte importante de sus productos, el porcentaje de compensación con esta última reforma ha subido del 10 al 12% para productos y servicios agrícolas, y del 8,5 al 10,5% para los ganaderos.
Las cooperativas agrarias que adquieren frutas u hortalizas de sus socios tienen que soportar un importante desajuste entre el tipo superreducido del 4% (en el caso de las exportaciones es 0%), que estas empresas aplicarán en sus ventas, con respecto al 12% con que compensan a sus agricultores. Las cooperativas recuperarán esa diferencia cuando presentan sus liquidaciones a Hacienda. Sin embargo, si la Administración Tributaria se retrasa en el pago de estos importes adelantados de IVA, el coste financiero para las empresas puede ser enorme por la diferencia que se produce entre el 4 y 12%.
Por todo esto, Fecoam insiste a la Agencia Tributaria que acelere al máximo las compensaciones del IVA adelantado por las cooperativas agrarias a sus socios agricultores para no producir “un mayor sufrimiento financiero”.
El presidente de la organización, Santiago Martínez Gabaldón, recuerda que el sector primario es “imprescindible para llenar la despensa”, por lo que se debe de buscar soluciones que garanticen una renta mínima para el agricultor y el ganadero, “dado que las condiciones financieras se están endureciendo día a día”.
Martínez Gabaldón destaca que las cooperativas agrarias desarrollan una labor económica y social “incuestionable” en la Región. Con la actividad que desarrollan en los diferentes municipios, no solo frenan la despoblación, sino que generan puestos de trabajo (cerca de 60.000 empleos, entre socios y trabajadores en los almacenes de manipulación y explotaciones), contribuyen a la modernización del sector y evitan la deslocalización de la actividad económica. Además, juegan un papel clave en el crecimiento de las exportaciones regionales.
“Debemos exigir a las distintas administraciones que nos dediquen el esfuerzo y los medios que merecemos y que no nos pongan trabas para que podamos contribuir a relanzar la economía”, indica.