La nueva condición significaría incluir en los pagos a un gran número de beneficiarios que no tienen en la actividad agraria su medio fundamental de vida o incluso sin actividad productiva ninguna en sus fincas. Ello implicaría "un handicap importante para esta medida y para otras incluidas en los Planes de Desarrollo Rural regionales, ya que las Comunidades Autónomas en el momento de elaborarlos no conocían aún la definición última de agricultor activo", señala la organización agraria.

     Asimismo, recalcan que el aumento del número de beneficiarios "representará una pérdida de eficacia de las ayudas al tener que recortar sus importes unitarios, puesto que los presupuestos están limitados a los techos asignados por la Unión Europea".

    La Unión de Uniones, por lo tanto, ha pedido a la ministra que curse a Bruselas una modificación del Marco Nacional de Apoyo que permita a los Gobiernos regionales aplicar "una definición de agricultor activo más estricta que la establecida para las ayudas directas de la PAC y focalizar así las ayudas a zonas con limitaciones naturales y específicas y otras de desarrollo rural sobre los agricultores y ganaderos que más contribuyen con su actividad a la vertebración socioeconómica del medio rural".

Medidas específicas para la agricultura de montaña e incentivos fiscales

   
     Por otra parte, la organización estima también que la agricultura de montaña, por las limitaciones a que está sometida, requiere de medidas específicas para dinamizarlas. Entre las mismas sugiere, la recuperación de riegos históricos, el fomento de la ganadería ecológica y la artesanía alimentaria como actividad complementaria a la agraria y la prohibición de reintroducir algunas especies de animales que hace tiempo que no habitan estas zonas debido a los daños que provocan en las explotaciones.

    Entre las acciones de carácter administrativo planteadas por la organización, están los incentivos fiscales al aprovechamiento agrario de las tierras, favoreciendo el  arrendamiento para uso agrario o mediante la creación de un fondo de tierras. Todo ello con vistas a que las explotaciones familiares y, especialmente, los jóvenes, tengan expectativas de futuro a la hora de decidir dedicarse a la actividad agraria.

     En cuanto a las consecuencias del gran número de turistas que en los últimos años visitan las comarcas de montaña, Unión de Uniones considera que "se debería detener el crecimiento urbanístico desmesurado y elaborar planes estratégicos de ordenación territorial".

      Además, considera que se tendrían que activar las comisiones comarcales para regular y ordenar la actividad en torno a las pistas forestales, ya que muchas veces el empleo masivo de pistas conlleva daños en propiedades privadas de los agricultores de la zona que no son reparados ni compensados de ninguna forma por la Administración. 

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