EFE.- Los presuntos miembros de la banda fueron detenidos por la Guardia Civil en el año 2007 en el marco de la denominada "Operación Chupete" y la vista oral celebrada en Plasencia (Cáceres) ha concluido hoy, según informa Ecologistas en Acción que se ha personado como acusación popular.
Para la organización, las numerosas pruebas presentadas a lo largo de la semana "han confirmado el carácter de organización criminal de la banda", por lo que Ecologistas en Acción ha reclamado penas de cárcel, inhabilitación para la caza y órdenes de alejamiento de zonas protegidas.
La organización ecologista ha explicado que los integrantes de la banda de furtivos, con antecedentes penales por este tipo de actividades, ofrecían la caza ilegal en montes públicos o privados de especial protección medioambiental y cinegética.
Así, operaban especialmente en la Sierra de Gredos y sus estribaciones, pero también se trasladaban a otros puntos, como los Montes de Toledo, Madrid, Asturias o Murcia, y ofrecían piezas de cabras montesas, osos, lobos y arruis.
Además, trasladaban a sus clientes a los lugares de caza o se encargaban de hacerles llegar a casa los "trofeos", es decir, las cabezas y cornamentas.
Tres de los miembros de esa banda se han sentado esta semana en el banquillo de los acusados del Juzgado de Plasencia, y junto a ellos otros tres hombres procedentes de Málaga que participaron como clientes en una cacería ilegal organizada en la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, en la provincia de Cáceres, para cobrarse de manera clandestina tres machos de cabra montés.
Ecologistas en Acción, en su escrito de conclusiones, ha pedido entre cuatro años y medio y un año y medio de prisión, multas económicas, además de inhabilitación para el ejercicio de la caza de entre diez y dos años.
Se suma además a la petición de que los acusados no puedan acercarse a menos de quinientos metros de zonas especialmente protegidas.
A juicio de los ecologistas, desde el comienzo de las vistas, el pasado martes, se han presentado numerosas pruebas inculpatorias.
Los cargos de tenencia ilícita de armas y delitos contra la flora y fauna "parecen demostrados", en opinión del abogado de Ecologistas en Acción, Juan Manuel López.
También se confirma que el grupo operaba como una organización criminal, con un núcleo duro asentado en la localidad de Candeleda, en Ávila.
Durante el juicio, la estrategia de los abogados defensores ha sido la de ofrecer el pago de multas para evitar el ingreso en prisión de sus defendidos, añade el comunicado
"Pero, ante la gravedad de los delitos, la recurrencia de las actividades ilegales, el carácter organizado de la banda, resulta fundamental que se pidan penas ejemplarizantes", ha afirmado Ecologistas en Acción.