En su nota, la Unión de Uniones recuerda que ya consiguió, en reuniones previas mantenidas con la DG de Sanidad de la producción agraria, introducir modificaciones sustanciales que mejoraron inicialmente los primeros documentos del Ministerio sobre la normativa de fitosanitarios, como, por ejemplo, que no será imperativo para los agricultores tener un almacén específico con los requisitos de una industria química para almacenar fitosanitarios; así como mayor movilidad con los equipos de aplicación de fitosanitarios dentro de las explotaciones agrarias.
Sin embargo, a pesar de las mejoras conseguidas, La Unión de Uniones ha presentado una serie de propuestas" para evitar perjuicios a la agricultura española respecto a la del resto de estados de la Unión Europea", ya que antes del próximo 1 de marzo la Comisión Nacional de Fitosanitarios, formada por el Ministerio y representantes de las comunidades autónomas, debe resolver cuestiones como una modificación del Real Decreto, qué explotaciones no necesitan de asesor técnico, cuál será el documento de asesoramiento de las explotaciones que lo necesiten, o la publicación de las guías de Gestión integrada de plagas que deberán seguir todos los productores excepto los de agricultura ecológica.
La organización considera "que el sobreesfuerzo que se pide a los agricultores europeos en materia de fitosanitarios que se caracterizan por su elevada seguridad para la salud humana; respeto por el medio ambiente y bienestar animal, sería muy positivo para los consumidores siempre y cuando el producto en el mercado se acabe diferenciando claramente de los productos que provienen de países terceros, que no cumplen los mismos requisitos".
En este sentido, la publicación del Real Decreto de 14 de septiembre tampoco fija las bases para que los productos de Europa se diferencien claramente en el mercado de los productos de terceros países, "por lo que a la posible confusión de los consumidores se añade un coste adicional para el profesional agrario europeo que tiene que competir con los bajos precios de los productos de estos países".
Por ello, La Unión de Uniones ha vendió insistiendo reiteradamente y también lo hará en el desarrollo de la nueva Ley de medidas "para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria en el derecho que los consumidores tienen a conocer la procedencia, características y calidad de los productos".