La organización agraria ASAJA ha pedido a la Junta de Castilla y León que exonere a los agricultores y ganaderos del compromiso de cumplir con el plan de cultivos presentado en los expedientes de ayuda a la modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes, un compromiso que se asume al menos por cinco años y que se pueden ver afectados, al igual que en el caso del pago verde, por las restricciones en el riego por culpa de la sequía.
Las dificultades para cumplir con estos compromisos están en las restricciones del agua de riego por el mal estado de los embalses, unas restricciones en el riego que ya están comunicando tanto la Confederación Hidrográfica del Duero como las propias comunidades de regantes. La provincia de León, con más de 150.000 hectáreas, es la que más superficie regable tiene de toda la autonomía, y prácticamente todas son con aguas superficiales, no de sondeos, por lo tanto afectadas en mayor o menor medida por las restricciones.
La organización agraria ha pedido también, para estos agricultores de regadío, que se aplique flexibilidad en las normas que se establecen para el cobro del denominado “pago verde” de la PAC, tanto en lo referente al número de cultivos, como a los porcentajes que han de representar cada uno de ellos.
ASAJA espera sensibilidad de la Junta para abordar un problema, el de la falta de agua de riego, que puede convertirse en una catástrofe para la economía de miles de familias agricultoras, y que únicamente se solucionará, total o parcialmente, si se da una situación excepcional de lluvias en las próximas semanas. Más adelante, según cómo evolucionen los acontecimientos, será el momento de solicitar otras medidas excepcionales a las distintas administraciones con competencias en política agraria.