Asturias Ganadera ha reclamado este miércoles la dimisión de los consejeros de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, y de Industria, Nieves Roqueñí, por considerar que están promoviendo proyectos de instalación de plantas de baterías en el medio rural y llenando el territorio de parques eólicos.
Para la organización ganadera, también «es sospechoso el silencio» de consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ante estos planes de industrialización del campo que, para Asturias Ganadera «supone un ataque al campo asturiano».
En este sentido, resaltan que este consejero «es muy propenso a hacer declaraciones sobre su ámbito cuando se le presenta cualquier ocasión y que sin embargo no sabemos aún qué posición tiene ante este ataque al campo asturiano. Si el silencio otorga, estará de acuerdo con este atentado al medio rural. Y si está en contra de que se industrialice el campo asturiano, que tenga el valor de decirlo públicamente. Si bien puede parecer que el asunto no es de su competencia, como representante del medio rural debería defender los derechos del campo asturiano ante los ataques que está sufriendo».
“SU CAMBIO DE POSICIÓN ES UN ACTO DE COBARDÍA PARA NO ENFRENTARSE ACTIVAMENTE A LOS PODERES FÁCTICOS DEL GOBIERNO DE BARBÓN Y DE LAS MULTINACIONALES ELÉCTRICAS»
Según Asturias Ganadera, la consejera de Industria está «promoviendo aún más la industrialización del medio rural de forma descontrolada y avasalladora, llenando el territorio asturiano de plantas de molinos y baterías», mientras que Zapico «ha sido incapaz de avanzar en un año de gobierno ninguna regulación que evite el descontrol sobre la proliferación de eólicos y baterías».
Respecto al último de los consejeros criticados, el de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, máximo responsable por sus competencias en poner orden en este problema, aseguran que «ha sido incapaz de avanzar en un año de gobierno ninguna regulación que evite el descontrol sobre la proliferación de eólicos y baterías. Ha sido incoherente defendiendo la misma norma que criticaba duramente cuando estaba en la oposición, cuando reconocía que los ayuntamiento no tenían ni técnicos ni estructura financiera suficiente para controlar lo que pueden hacer las grandes empresas en sus concejos, además de ser presas fáciles al chantaje económico de unas entidades que con frecuencia tienen problemas de financiación. Su cambio de posición es un acto de cobardía para no enfrentarse activamente a los poderes fácticos del Gobierno de Barbón y de las multinacionales eléctricas».