Ha apuntado que Italia también se propuso hace unos meses una medida similar, pero no se llego a materializar dada la oposición de los especialistas médicos y de los propios consumidores.
Puxeu ha afirmado que a los consumidores "no nos gusta que nos manipulen" y exigimos estar informados de las propiedades de los alimentos y bebidas que consumimos, pero también queremos ser libres para elegir.
En este sentido, ha destacado que "no existen alimentos buenos ni malos, sino dietas equilibradas".
Ha subrayado que no hay una justificación sanitaria para establecer este impuesto, ya que, según ha resaltado, las causas de la obesidad son múltiples e incluyen el estilo de vida moderno, el ejercicio físico, dietas desequilibradas y la falta de información nutricional.
Ha puesto de relieve que, en los últimos 15 años, las calorías por cada 100 ml de bebida refrescante puestos en el mercado español se redujeron en más de un 22 %, y que también ha aumentado el porcentaje de bebidas light o que no aportan casi calorías, que en España suponen el 30 % del total.
Desde Anfabra han considerado que la finalidad de la propuesta catalana es recaudatoria, pero que no se va a cumplir, por la sensibilidad de la demanda a los aumentos de precio y por el frenazo que supone en el consumo.
También han citado el hecho de que establece una barrera desproporcionada para las clases media y baja de la sociedad, para las que el gasto en alimentación y bebidas representa un mayor porcentaje de su desembolso mensual total.
Han añadido que el impuesto anunciado es "discriminatorio frente a otros productos", ya que no hay justificación para gravar el azúcar de las bebidas refrescantes y no el de otros productos; y también para la industria y el consumidor catalanes frente al resto del país y a la Unión Europea.
A juicio de Anfabra, provocará restricción en el consumo y será un "varapalo al sector de alimentación y bebidas, a la hostelería y al turismo".
Puxeu ha apuntado que, en tiempos de crisis, hay que sumar los esfuerzos, por lo que le preocupa que se ataque gratuitamente a sectores como el de la alimentación, y entre ellos al de bebidas refrescantes, que genera 63.000 empleos y aporta 12.000 millones de euros al año a la economía española.