La organización agraria ASAJA ha pedido al nuevo Gobierno que salga elegido de las elecciones generales del 23 de julio la vuelta a un Ministerio que aglutine las competencias en Agricultura, Agua, Medioambiente, Transición Ecológica y Desarrollo Rural y romper la dinámica de esta legislatura.
La organización ha elaborado un documento reivindicativo, dirigido a los partidos políticos, compuesto por sus principales demandas para que el sector agrario «siga siendo un sector estratégico» para la economía y «prioritario» para la sociedad, según un comunicado.
En sus peticiones, Asaja al nuevo Gobierno ha reclamado que el futuro Ministerio de Agricultura «intensifique» su coordinación con los de Economía, Hacienda, Trabajo y Seguridad Social, entre otros.
El objetivo es «garantizar una protección y promoción adecuadas e integrales del sector agrario y del medio rural».
DOCE REIVINDICACIONES ESENCIALES PARA EL NUEVO GOBIERNO
Además, han señalado una docena de reivindicaciones «esenciales» para el nuevo Gobierno, como el reconocimiento del valor de la profesión de agricultor y ganadero y concienciación de su papel estratégico o que la sostenibilidad económica, social y medioambiental del medio rural está ligada a la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones agrarias.
1.- Reconocimiento del valor de la profesión de agricultor y ganadero y concienciación del papel estratégico y esencial desempeñado por el sector agrario para garantizar la seguridad alimentaria.
La agricultura garantiza el abastecimiento de alimentos sanos y seguros a precios razonables, es fuente de equilibrio y de riqueza en los pueblos y ocupa un papel primordial en el Desarrollo Rural y en la protección y conservación del Medio Ambiente y la biodiversidad.
2.- La sostenibilidad económica, social y medioambiental del medio rural está ligada a la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones agrarias, así como al desarrollo de su potencial innovador.
Son necesarios apoyos e instrumentos que aseguren esa rentabilidad, y en particular que garanticen precios justos en origen, así como la aplicación de medidas de contención de costes de producción y compensatorias de las subidas desmesuradas de los últimos años. Asimismo, es imprescindible la simplificación normativa que afecta al sector, la reducción de cargas burocráticas y la agilización en la distribución de las ayudas.
3.- Apoyo reforzado a los jóvenes y las mujeres, garantes del relevo generacional en el sector.
Son ellos el soporte del campo y del medio rural y por ello hay que fomentar su incorporación a la agricultura, reforzando los apoyos y las ayudas y simplificando y agilizando el pago de las mismas.
Igualmente, para combatir el despoblamiento y dinamizar las economías rurales, es apremiante dotar a nuestros pueblos de infraestructuras y servicios de calidad destinados a la población rural.
4.- Garantizar una cadena alimentaria resistente, transparente y más justa para los agricultores.
Hay que empoderar al sector agrario en el marco de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, ya que actualmente se encuentra relegado frente al peso de la industria y la distribución. Por tanto, es imprescindible intensificar las exigencias de transparencia y que se activen los controles para asegurar la regularidad y el carácter equitativo en el proceso de determinación de costes de producción y de formación de precios. Para ello, la labor de la AICA y del Observatorio de Precios debe reforzarse.
5.- Presupuesto suficiente para la PAC.
Es necesario dotarse de un ambicioso presupuesto agrícola en la Unión Europea de la PAC, acorde con las necesidades apremiantes del sector agrario y que posibilite el cumplimiento de los compromisos comunitarios e internaciones que le conciernen.
6.- Una fiscalidad acorde con las necesidades del campo.
El régimen fiscal aplicable a la actividad agraria juega un papel esencial para atraer y mantener a los profesionales que lo sustentan. Por ello es básico el mantenimiento del Sistema de Módulos y del Régimen Especial Agrario del IVA; el estímulo fiscal para agricultores y ganaderos en Estimación Directa, para la incorporación de mujeres y jóvenes y para quienes residan en el medio rural; la reducción de todos los impuestos indirectos que afectan a agricultores y ganaderos; la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de Patrimonio y de las plusvalías municipales en el ámbito rural y la implantación definitiva de la doble tarifa eléctrica para el regadío.
7.- Una política laborar y de Seguridad Social alineada con las necesidades del campo y la singularidad del empleo rural.
Con las siguientes líneas: sistema compensatorio para frenar el inasumible incremento de los costes sociales (subida del SMI y cotizaciones); medidas para solventar la falta de mano de obra en el campo; adaptación de los tipos del contrato, abriendo paso a la contratación temporal eventual y a la contratación a tiempo parcial en términos acordes con la singularidad del campo; simplificación de la gestión de campañas; apoyo económico e institucional en acciones informativas y formativas para la implicación de los trabajadores en el proceso de transición digital, eco-ambiental y preventivo; giro en la orientación de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y mejora de la protección social de los trabajadores autónomos agrarios.
8.- Reforma del modelo vigente de Seguros Agrarios.
Es necesaria una revisión a fondo del actual sistema de Seguros Agrarios, en especial de determinadas líneas de contratación que no funcionan
9.- Vertebración hídrica de nuestro país e infraestructuras urgentes.
Necesitamos una política hidráulica que asegure la disponibilidad y gestión sostenible del agua. Debe garantizarse la “seguridad hídrica”, sin hacer de la misma un uso partidista. Es preciso definir y poner en marcha un Plan Hidrológico Nacional y un Plan Nacional de regadíos valiente, apoyados en la innovación y en la optimización de los recursos, lo que requiere con urgencia la inversión apropiada.
10.- Una política de protección de especies equilibrada.
La protección de especies en peligro de extinción debe ser razonable y equilibrada, sin comprometer la viabilidad y rentabilidad de las explotaciones ganaderas y cinegéticas.
11.- Promoción de nuestros productos dentro y fuera de la UE, poniendo en valor su singular calidad y defendiendo la imagen de la agricultura española.
España, como potencia agroexportadora de primer orden y referencia en los mercados mundiales, debe intensificar la promoción de nuestros productos poniendo en valor su singular calidad y los métodos de producción sostenible. En paralelo, deben reforzarse los controles en frontera de las importaciones.
12.- Priorizar la cuestión rural en las políticas públicas.
Es imprescindible una defensa expresa y clara de los valores del mundo rural, del patrimonio histórico-cultural y sus tradiciones. Por ello se deben impulsar políticas de apoyo a la caza, el mundo del toro y la tauromaquia y las tradiciones populares. Es necesario potenciar un medio rural vivo (mantener la actividad económica y asegurar niveles aceptables de calidad de vida la población rural) para atajar el acuciante problema del despoblamiento. Para ello, se deben implementar planes de mejora de infraestructuras y servicios ((conectividad digital, carreteras, viviendas, sanidad…) así como apoyo a inversiones para instalación de empresas e industrias no agrarias y a proyectos innovadores que refuercen la esencial aportación del sector agrario.