La polémica sobre las inspecciones de oficio del Seprona para averiguar si los agricultores están utilizando ilegalmente semillas certificadas ha llegado al Gobierno. La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha trasladado a la Delegada del Gobierno el malestar por «la criminalización de los agricultores que ejercen su derecho histórico de utilizar sus semillas» y en contra de las actuaciones policiales.
De hecho, la organización destaca que «consideramos que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso el Seprona deberían dedicar sus esfuerzos a otras actividades más cercanas a la protección de la naturaleza que el control de las variedades vegetales utilizadas por los agricultores que sólo favorece a las multinacionales de semillas»
En la reunión, la UCCL ha puesto de manifiesto las constantes inspecciones a las que están siendo sometidos los agricultores por parte de los agentes del Seprona «que con excesivo celo vienen comprobando las variedades de semillas utilizadas por los agricultores de nuestra Región».
De igual forma,. insisten en denunciar que «año tras año, el agricultor debe pagar los royalties por el uso de semillas certificadas, por lo que hemos solicitado la intervención política para modificar la legislación actual relativa a la Ley de Patentes de semillas que utilizan los agricultores en sus explotaciones que abarate el coste del uso de semillas certificadas y se pague en función del rendimiento medio de la región».
piden que se investigue a las empresas para que las semillas «se adapten al medio en el que van a ser empleadas»
Así mismo, insisten en señalar que las semillas certificadas, «por las que nuestros agricultores vienen pagando, no están diseñadas teniendo en cuenta las condiciones agroclimáticas de nuestras tierras, por lo que hemos trasladado a las autoridades la necesidad de que la investigación vaya en otro sentido, para que se produzca una adaptación al medio en el que van a ser empleadas».
En todo caso, consideran que la Administración debería «destinar recursos a la obtención de variedades vegetales públicas como patrimonio de la región. Y que los agricultores puedan disponer de variedades libres que pudieran ser comercializadas y multiplicadas por los agricultores y sus cooperativas».
Sobre esta polémica, el secretario general de ANOVE, Antonio Villarroel, aseguró que estas actuaciones “se ajustan a la legislación” y celebra que se hayan llevado a cabo, aunque desconoce si se ampliará a otras provincias o Comunidades Autónomas. Con los datos que tiene, cree que la actuación policial se ha podido englobar en una operación de falsificación en la identificación de las variedades protegidas.