Joves Agricultors i Ramaders (JARC) de Catalunya volverá a salir a las calles y plazas, con unidad de acción en defensa del sector agrario, al considerar que después de las movilizaciones, que tuvieron lugar por toda la geografía española, y que cesaron a causa de la pandemia, la situación lejos de mejorar se ha visto agravada en algunos aspectos.
Para la organización, la crisis de precios está ahogando a los profesionales del campo, con la brutal subida de los costes de producción y los desequilibrios en la cadena agroalimentaria, que impiden percibir unos precios justos en origen, y que ponen en peligro la rentabilidad de las explotaciones.
Asimismo, ven que las nuevas exigencias de la PAC «implican inversiones que las empresas agrarias se ven obligadas a asumir, a favor de la sostenibilidad ambiental, pero que nuevamente comprometen su sostenibilidad económica. Más teniendo en cuenta que las ayudas directas a los productores se reducirán a partir del 2023».
La situación es todavía más compleja, si se tiene en cuenta, que los agricultores y ganaderos europeos tienen que competir con los precios de productos provenientes de países terceros, en desigualdad de condiciones, ya que a menudo estos no cumplen con la estricta normativa europea en materia de bienestar animal, condiciones laborales o medidas de seguridad alimentaria o medioambiental. «Estas y otras cuestiones sociales y laborales relativas a la mano de obra en el campo son algunos de los temas que hay que abordar inmediatamente», aseguran desde JARC.
La organización agraria reclama aspectos claves como que se haga cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, que se mejoren las condiciones de los seguros agrarios, que se intensifiquen los controles a las fronteras y que se ponga en marcha un plan efectivo para controlar la fauna salvaje, que también pone en riesgo la rentabilidad de las explotaciones en el campo.
La agricultura y la ganadería son fundamentales para mantener el tejido económico y social de las zonas rurales, por este motivo JARC hace un llamamiento a ayuntamientos y otros entes locales y entidades sectoriales «para que se unan en el frente común en defensa del sector agrario para defender la soberanía alimentaria de nuestro territorio y poner en valor el trabajo de los profesionales agrarios y del mundo rural».