La organización agraria ASAJA León ha solicitado a todos los ayuntamientos de la provincia, y en particular a los de las zonas agrícolas, que ejerzan sus competencias y doten de mecanismos de protección a los caminos rurales, en especial en las zonas remolacheras. Para ASAJA, el primer objetivo debe de ser adoptar medidas para impedir el deterioro de los mismos por un mal uso, y el segundo, que haya un plan de mejoras y reparación de los mismos.

Para la organización, disponer de una buena red de caminos rurales en correcto estado es algo imprescindible en una agricultura moderna como la que se está impulsando en la provincia, ya que ello alarga la vida útil de la maquinaria, ahorra tiempo en las labores, y facilita la recogida de las cosechas.

El cultivo de la remolacha, por mover grandes volúmenes en épocas complicadas de invierno, es el más problemático para transportar por los caminos rurales. Cada año agricultores y representantes municipales se quejan del mal estado en el que quedan muchos caminos tras la recolección de este cultivo, en una labor que por lo general realiza la empresa AB Azucarera por sus propios medios. Este año, con 10.500 hectáreas sembradas de remolacha, se tendrán que realiza al menos 36.000 portes, casi todos con camiones, con pesos brutos próximos a las 40 toneladas, por lo que si el invierno y la primavera son húmedos, los caminos van a quedar muy deteriorados.

En este sentido, ASAJA pide a los ayuntamientos de zonas remolacheras que requieran a AB Azucarera (y en su caso a la cooperativa ACOR) para que presente un plan de actuación para el transporte de la remolacha, previo al inicio de la campaña.

Las ordenanzas que tienen algunos ayuntamientos para regular esta materia, como la publicada en el BOP por el Ayuntamiento de Matadeón de los Oteros, establecen una serie de prohibiciones, como mantener libres las cunetas para que desagüen correctamente, fijan características de los accesos a las fincas, normas para  evitar que el sistema de riego por aspersión exceda del límite de la finca, o la necesidad de autorización para transportes o usos especiales.  En todos los casos se establece también, en la propia ordenanza, un régimen sancionador. Por otra parte, algunas diputaciones tienen líneas de ayuda específica para la creación y mantenimiento de estos viales, cosa que no ocurre con la Diputación de León.