EFE.- Los ecologistas reclaman que la administración autonómica exija a Iberpotash que adopte y ejecute, sin demora, medidas para evitar los daños ambientales producidos y de prevención de los daños futuros asociados por su actividad y que suspenda provisionalmente las obras de construcción de la rampa de la mina de Cabanasses, en Súria (Barcelona).
Estas son algunas de las peticiones que recoge la demanda de responsabilidad por daños ambientales que estas entidades presentaron ante el Departamento de Territorio y Sostenibilidad el pasado 26 de junio.
Esta es la primera vez que se presenta en Cataluña una solicitud para que se cumpla la directiva europea sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales y que, en el caso de que la Generalitat no le diese respuesta, podría desembocar con una queja ante las instituciones europeas.
Representantes de la Federación Ecologistas de Cataluña, el Centro de Ecología y Proyectos Alternativos (CEPA), la Liga por la Defensa del Patrimonio Natural y el Colectivo Ecologista L’Alzina del Bages, que agrupan entidades ecologistas de toda Cataluña, han presentado hoy esta iniciativa, una herramienta legal que les evita largos y costosos procedimientos judiciales, como el iniciado hace 14 años por el fiscal de Medio Ambiente, José Joaquín Pérez de Gregorio.
Ramon Minobes, de la Federación de Ecologistas de Cataluña, ha advertido que la actividad minera de potasa desarrollada por Iberpotash y autorizada por la Generalitat causa «el mayor problema ambiental que sufre Cataluña», porque saliniza el agua que debe utilizar la mitad de la población y, además, encarece enormemente su coste por la necesidad de potabilizarla.
Los ecologistas han explicado que la demanda empezó a gestarse antes de que la Comisión Europea anunciase la apertura de un expediente a las autoridades españolas por lo que cree una «mala aplicación» de la directiva de residuos de minas en la comarca del Bages, donde considera que las extracciones de potasa pueden afectar al agua en la zona.
También es anterior a que el Tribunal Supremo (TS) desestimase un recurso presentado por Iberpotash contra una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) que obliga a la empresa a presentar un plan de restauración para el espacio que ahora ocupa la escombrera del Cogulló.
«Es una coincidencia feliz», ha señalado Josep Lluis Moner, de CEPA-EdC), que se ha manifestado optimista de que esta iniciativa contribuya a que la Generalitat «deje de proteger los intereses de esta empresa» y la «obligue a trabajar bien».
Los ecologistas acusan a Iberpotash de amenazar con un inexistente riesgo de cierre «para mantener una situación de privilegio que la lleva a una situación de dumping», cuando esta empresa tiene beneficios y, además, evitar los daños asociados a su actividad apenas repercutiría en sus resultados.
En este sentido han señalado que la multinacional ICL, propietaria de Iberpotash, cumple la legislación ambiental en las minas que tiene en Gran Bretaña.
«Con nuestra iniciativa, modestamente, colaboramos en que en este país haya futuro para la minería sostenible» ha señalado Moner.